Bloqueo de ruta sigue siendo una posibilidad abierta por alza de bencinas

Veinticuatro horas luego de que los voceros de la manifestación calificaron la propuesta del gobierno como “histórica”, el dirigente de los petroleros, Alejandro Avendaño, echó abajo tal opinión asegurando que eso está lejos de ser un hito. Al siguiente día, un grupo de dirigentes apareció en redes sociales denostando la decisión de las autoridades y anunciando cambios en la vocería de los líderes del bloqueo registrado a finales de octubre.

Resultaría iluso ignorar la politización del tema o no entender que hubo intención de provecho electoral por parte de algunos actores. Pero la historia se cuenta entera o no se cuenta, y es el lector quien puede sacar sus propias conclusiones. 

El movimiento se gestó en julio pasado cuando vino el primer corte de la Ruta 9 Norte en rechazo por el alza de las bencinas, destrabándose luego que la delegada presidencial, Jenniffer Rojas (RN), acordara intervenir ante el gobierno central para la búsqueda de una solución. 

En la contraparte, la vocería principal correspondía a Mauricio Peña y Lillo, hijo del ex intendente (Udi) del mismo nombre.

Sólo horas antes desde La Moneda ya se había conocido la intención por parte del ministro Rodrigo Cerda de revisar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), alternativa que buscaba justificar la negativa de rebaja al impuesto específico.

Este último era un proyecto presentado por la diputada Sandra Amar (independiente ex Udi) que venía acompañado de una letra chica que le entregaba cero viabilidad, tomando en cuenta las fechas: consideraba la rebaja sólo por el periodo de excepción constitucional, finalizado el 30 de septiembre, sólo una semana antes del término de su tramitación. Era de esperar, entonces, que fuera letra muerta.

La propuesta de modificación transitoria al Mepco, que evitó alzas de hasta $26 por litro, logró aquietar las demandas por casi dos meses, pero entrado octubre y en medio de la normalización del alza comenzó a fraguarse una nueva manifestación. A finales del mismo mes, la ruta fue tomada durante 48 horas.

La diputada Sandra Amar se encontró con la toma de ruta cuando llegaba desde el aeropuerto, pudiendo intervenir con el argumento de haber sido la única que presentó un proyecto (el ya descrito) y ofreciendo sus buenos oficios para gestionar una reunión con autoridades del nivel central al día siguiente.

Paralelamente, todos los parlamentarios regionales salieron a apoyar, comentar y a decir yo hice esto o lo otro. La reacción de molestia de los manifestantes no se hizo esperar a través de las redes sociales, viendo lo anterior como una instancia de aprovechamiento político en tiempo de campaña.

Al día siguiente una descoordinación llevó a que la reunión ofrecida por la diputada no se pudiera concretar. En la interna, la parlamentaria responsabilizaría a sus asesores y el hecho causaría una fisura entre los dirigentes, con parte de ellos saliendo a responsabilizar a la parlamentaria y a decir que toda conversación con los políticos estaba “cortada”.

El día después

Pasaron 24 horas cuando la  noticia nacional trastocó las oficinas de La Moneda. El gobierno no podía ser indiferente a la “insurrección” en una región pequeña pero que ya había manchado la gestión de “Piñera 1” con el paro del gas en 2011. El telefonazo a la oficina de la delegada regional llegó desde el Ministerio de Energía. Había que terminar con el bloqueo, evitar los daños colaterales a los candidatos del oficialismo y evitar a toda costa que la medida de fuerza pudiera extenderse como reguero de pólvora a otras regiones del país.

La propuesta era concisa: congelar el valor de las bencinas, y trabajar durante tres semanas en una propuesta de solución definitiva a corto plazo.

La idea no gustó a todos y no fue tarea fácil convencer a las bases del movimiento que, al menos en ese momento, lo más conveniente era acoger la propuesta.

Pasaron más de 3 semanas y un ahorro de $18 por litro para que las conversaciones se reactivaran.

El día 23, el vocero del movimiento, Mauricio Peña y Lillo, hablaba de esperar 48 horas por la propuesta. De lo contrario se reservaban el derecho a adoptar las acciones que estimaran conveniente.

La respuesta llegó dentro de aquel plazo. El jueves 25 el edificio de Bories con José Menéndez nuevamente atraía las miradas. Al cabo de más de 4 horas la reunión arrojaba una suerte de acuerdo, que era vista unilateralmente por parte del gobierno como “oleada y sacramentada” y sentenciada con sendas declaraciones de la delegada presidencial, Jenniffer Rojas, y el seremi de Energía, Víctor Fernández. 

Lo anterior quedaría claro luego, cuando los voceros del movimiento no eran coincidentes con lo manifestado por las autoridades. 

De histórico nada

Y si lo anterior fue sorpresivo más lo fue lo que ocurrió en las horas posteriores. La propuesta fue rechazada por las bases, en una decisión que golpeó a dos de los voceros que habían encabezado la decisión. De esta manera, tanto Peña y Lillo como Iván Araya decidieron dar un paso al costado, sumándose luego un tercero, siendo reemplazados por personas del sector más radical del movimiento.

En una declaración pública, los nuevos líderes ratificarían las renuncias y argumentarían la decisión de rechazar la propuesta “que en nada beneficia el bolsillo de las familias magallánicas ni de los microempresarios independientes”.

Junto con pedir una mejor disposición al diálogo por parte del gobierno y hacer presente su rechazo a no considerar una rebaja al diésel, señalarían de manera enfática: “De no haber respuesta positiva se verá las medidas de presión por parte de esta nueva vocería”. A esa altura sólo la senadora Carolina Goic había salido a destacar el defenestrado acuerdo, quedando en claro que no se había actualizado respecto de lo que realmente estaba ocurriendo en Magallanes.

Días de incertidumbre

Hoy lo único claro es que la propuesta del gobierno comenzó a concretarse desde el pasado jueves y se mantendrá a todo evento, vale decir, el alza semanal de $6 pesos será de $2 para Magallanes; habrá una subvención del 80% para el transporte de las bencinas a la región; y se dispondrán de $300 millones para quienes utilicen diésel.

Eso por parte del gobierno, porque por el lado del movimiento “anti alza” la semana entrante será clave para decidir entre tres opciones: dejar las cosas como están, instalar un nuevo diálogo con las autoridades o bien reactivar las medidas de fuerza.