Por apropiación indebida de fondos formalizaron a ex tesorera de Asociación de Técnicos Paramédicos

El Ministerio Público formalizó ayer cargos en contra de la ex tesorera de la Asociación de Funcionarios Técnicos Paramédicos de los Establecimientos de Salud, Gladys Leiva Asencio, por el delito de apropiación indebida.

La mujer compareció vía online desde la cárcel de Punta Arenas, donde cumple prisión por tráfico de drogas, siendo investigada junto a otras 17 personas, por la denominada operación policial “Confederación”, considerada la banda trasnacional más grande que operaba en Magallanes y Santiago.

Apropiación

La causa de ayer nace por una querella que hace tres años, el 13 de diciembre de 2018, interpuso el presidente de los paramédicos Luis Muñoz Villarroel, por el delito de apropiación indebida.

La acción está dirigida en contra de los ex dirigentes de la asociación, Delicia Pérez Soto, Ricardo Villarroel Aguilar y Gladys Leiva Asencio.

El 27 de agosto de 2020 la Fiscalía solicitó audiencia de formalización de cargo en contra de los dirigentes. El tribunal fijó como fecha para cumplir con este trámite el 23 de noviembre del año pasado.

Los dos primeros ya fueron formalizados y sólo restaba Gladys Leiva Asencio, trámite que se concretó ayer.

El fiscal Sebastián González dio cuenta que entre enero de 2016 a febrero de 2017, en circunstancias que el imputado Ricardo Villarroel Aguilar se desempeñaba como tesorero de la Asociación Regional de Técnicos Paramédicos, teniendo a su cargo los dineros de dicha agrupación, distrajo para usos propios dineros que le eran entregados para ser utilizados en beneficio exclusivo de la agrupación por $2.482.755.

Posteriormente, “desde el 12 de mayo de 2017 a marzo de 2018, cuando la imputada Gladys Leiva se desempeñaba como tesorera, teniendo a su cargo los dineros, distrajo para uso propio y de la presidenta de la asociación, la co-imputada Delicia Pérez Soto, por $3.301.550.

En la querella se detallan viáticos cancelados a directivos sin recibos, pagos a dirigentes sin respaldos, pagos de cuentas telefónicas sin boleta, pago de multa de tránsito a la entonces presidenta; gastos varios, como cuentas de teléfonos y combustible si respaldo, “gastos de alimentos siendo que tenemos casino y nos dan almuerzo en el hospital”.

La sumatoria de gastos injustificados ascienden a más de 7 millones de pesos.

“La administración a cargo de Delicia Pérez Soto, Ricardo Villarroel Aguilar y Gladys Leiva Asencio, recibió dineros de la asociación utilizándolos para fines distintos a los naturales de una asociación gremial, para beneficio propio sin haberlos devuelto hasta la fecha” (13 de diciembre de 2018).

En la audiencia de ayer hubo acuerdo entre fiscalía, defensa, representada por Jaime León Herrera y Vania Cáceres; más la querellante Leticia Guevara, de solicitar una audiencia para explorar una salida alternativa.

La misma se fijó para el 3 de mayo de 2022, a las 9 horas.