Tribunal Supremo ordena la expulsión de la directiva regional del PPD

La medida de expulsión afecta a Maritza Oyarzo,  Emiliano Escalante, Alejandra Rubilar, Pedro Díaz, María Rosa Cárdenas, Gonzalo Barrientos, Teresita Loainza, Juan Carlos Cárcamo y Milena Yankovic.

EL TS determinó que los integrantes de dicha directiva son responsables disciplinaria y estatutariamente al acreditarse como efectiva la imputación de incumplimiento de las decisiones adoptadas por los órganos competentes del partido

La fatídica declaración

El 23 de septiembre del año pasado, La Prensa Austral titulaba: “PPD local no apoya su lista a cores y acusa “vicio” que les quita legitimidad”.

En la nota, se hacía referencia a la “dura declaración” que terminaría sepultando la militancia de los 9 pepedé regionales.

En este pronunciamiento, la directiva regional señaló que no apoyaría ni colaboraría con ninguna de las candidaturas impuestas que llevaba la colectividad al Core de Magallanes, anunciando además que en los próximos días convocaría a un consejo regional interno para resolver las medidas a adoptar.

En el comunicado, que llevaba la firma de las directivas regional, provincial y comunal, los firmantes encabezados por sus presidentes Gonzalo Barrientos y Alejandra Rubilar y Maritza Oyarzo cuestionaban la inscripción hecha a nivel central a favor de Francisco López Jara, Ximena Montaña Velásquez, Cristián Ramos Valenzuela, Lorena Vargas Vidal y Mauricio Vidal Guerra.

El Tribunal Supremo también los responsabilizó de contravenir el principio de unidad partidaria, por cuanto la declaración como directiva “afectó el desarrollo conjunto del partido en un marco ético, incurriendo, además, en expresiones que importan ofensas y descrédito contra miembros del colectivo, en infracción flagrante a lo establecido en los estatutos”.

En un fallo inédito y por unanimidad, el Tribunal Supremo del Partido por la Democracia decretó la expulsión de todos los integrantes de la directiva regional, la que se encontraba suspendida. Las razones: no seguir la línea partidaria fijada a nivel nacional, desconocer la política de alianzas, atentar contra la unidad partidaria y contravenir diversos
estatutos internos.

La decisión afecta a Maritza Oyarzo, Emiliano Escalante, Alejandra Rubilar, Pedro Díaz, María Rosa Cárdenas, Gonzalo Barrientos, Teresita Loainza, Juan Carlos Cárcamo y
Milena Yankovic.

El caso se remonta al 9 de septiembre del año pasado cuando se presentó ante el TS una denuncia en contra del secretario general del PPD, José Toro, efectuada por los miembros de la directiva regional.

El 22 de septiembre del año pasado, la directiva regional emitió una declaración pública contraria a lo dispuesto por el partido y lo acordado en un consejo nacional del PPD, el 20 de agosto de 2021 sobre alianzas políticas y
procesos eleccionarios.

Luego, el 23 de septiembre, se incubó ante el TC otra denuncia, esta vez en contra de la directiva regional, la cual fue avalada por la concejala Verónica Aguilar, el concejal José Becerra, el vicepresidente regional, Juan Pablo Navarrete y el militante Cristián Ramos.

Ese mismo día, se formularon cargos en contra de la directiva regional, por haber emitido la referida
declaración pública.

Cargos

Tras analizar todos los antecedentes presentados para su consideración, el TS determinó que los referidos militantes a los cuales se les formularon cargos son responsables disciplinaria y estatutariamente al acreditarse como efectiva la imputación de “incumplimiento de las decisiones adoptadas por los órganos competentes del partido, por cuanto el Consejo Nacional adoptó la decisión por la mayoría de sus miembros de entregar la facultad a la Mesa Directiva del partido para suscribir pactos y decidir en torno a los candidatos a primarias, elección de diputados, senadores y consejeros regionales, como asimismo se facultó a la Mesa Directiva del Partido Por la Democracia para que procediera en la búsqueda y nominación e inscripción de declaración de candidaturas a que diera lugar cada una de las elecciones de diputados, senadores y consejeros regionales, lo cual no fue observado, en síntesis, por dichos militantes al declarar públicamente que, como directiva, no darían cumplimiento a aquella decisión adoptada por la institucionalidad partidaria de manera legítima y cumpliendo a cabalidad los estatutos”.

También el TS los responsabilizó de contravenir el principio de unidad del partido, por cuanto la declaración efectuada en calidad de directiva del Consejo Regional de Magallanes, y no en su calidad de militantes, afectó el desarrollo conjunto del partido en un marco ético, incurriendo, además, al llevar a cabo dicho acto, en expresiones que importan ofensas y descrédito contra miembros del colectivo, en infracción flagrante a lo establecido en los estatutos.

“Además, dicho cargo al evidenciarse como efectivo, a todas luces afectó gravemente la imagen partidaria así como los principios que lo fundan, lo cual debe resguardarse con celo por parte de este tribunal impidiendo que dichas acciones puedan volver a replicarse por los mismos u otros militantes”, indicó el tribunal.