Constituyente Daza propone Asamblea Legislativa Regional e impuestos regionales

“La propuesta implicará cambiar en 180 grados la forma cómo se gestiona el poder político, administrativo y financiero en cada una de nuestras regiones”.

Así parte asegurando el abogado Mauricio Daza para hacer ver el impacto que tendrá que la nueva Constitución establezca no sólo un Estado regional, sino que recoja la propuesta que realizó, junto a otros 15 constituyentes, respecto de la legislación regional, las atribuciones de la Asamblea Legislativa Regional y del Gobierno Regional, la transferencia de competencias y la representación presidencial en la región autónoma.

La propuesta, ingresada este lunes, parte de la premisa que la nueva Constitución debe sentar las bases para construir democráticamente una fórmula estatal que constituya un punto de partida del nuevo Estado.

“La instauración de un Estado regional como una forma jurídico estatal capaz de considerar la diversidad territorial, cultural, social y económica del país confluye con el esfuerzo de construir un Estado social, ecológico y democrático, lo cual debe expresarse en la estructura orgánica de las instituciones que se proyecten en la nueva entidad territorial regional”, plantean los constituyentes.

Asamblea
Legislativa Regional

En rigor, la iniciativa es una propuesta para el artículo XX de la nueva carta magna, abordando, en primer término, las atribuciones exclusivas que tendrá la Asamblea Legislativa Regional.

Daza explicó que esta entidad reemplazará al actual Consejo Regional. Dicha asamblea va a contar con atribuciones de fiscalización al gobernador regional y, además, con la posibilidad de generar leyes que tengan impacto en la región y que, obviamente, vayan en beneficio del desarrollo integral de ésta.

Dentro de estas atribuciones están la dictación de leyes regionales sobre materias de competencia de la Región Autónoma; dictar su reglamento de funcionamiento interno; debatir, aprobar, rechazar o modificar el Plan de Desarrollo Regional, el presupuesto y el plan de ordenamiento territorial. 

La asamblea podrá, también, fijar impuestos, cargas y tributos, tasas y contribuciones en conformidad a la Constitución, así como crear, modificar o eliminar tributos, tasas y contribuciones por los servicios que preste y por las obras que ejecute el Gobierno Regional.

Aprobar la creación de empresas públicas, autorizar la contratación de empréstitos o préstamos, fiscalizar los actos del Gobierno Regional y de administración.

Acusación contra el Gobernador Regional

En otro acápite, se establece que la asamblea podrá acusar a la gobernadora o al gobernador regional cuando realice actos contrarios a la Constitución o viole gravemente el Estatuto regional y la legislación nacional o regional. De aprobarse las imputaciones contra dicha autoridad, ésta cesará inmediatamente en su cargo y no podrá ejercer funciones públicas por un plazo de cinco años. Producido esto, la asamblea deberá convocar a una nueva elección.

Modelo europeo

Daza señaló que gran parte del articulado propuesto se basa en experiencias de países como España, Italia y Portugal. 

“El denominado Estado Regional es visto como una forma de Estado unitario o como un federalismo atenuado, donde el gobierno central mantiene atribuciones importantes, como defensa, orden público y relaciones internacionales, entre otras, pero se fortalecen las atribuciones de los gobiernos regionales”, apuntó.

Dijo que la idea es que los órganos elegidos democráticamente puedan diseñar e implementar políticas públicas que tengan conexión real con las demandas y necesidades de los territorios.

“El desafío va a ser definir mecanismos para delimitar las competencias de los órganos regionales, con aquellos que funcionan a nivel central y además consagrar mecanismo de solución a las controversias que, en los hechos, se produzcan en esta materia”, sostuvo.