“Las salmoneras se emplazan adonde el Estado les dice que pueden operar”

La ‘Concesión acuícola sustentable’ se señala como “el acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Defensa Nacional otorga a una persona los derechos de uso y goce, sobre determinados bienes nacionales, para que ésta realice actividades sustentables de acuicultura, dentro de las áreas protegidas en conformidad a lo dispuesto en el artículo 158 de esta ley (…) Los criterios de asignación deberán tener en cuenta el uso de innovaciones tecnológicas para el cultivo, la reducción de residuos sólidos y líquidos, orgánicos e inorgánicos, que se produzcan como desechos de la actividad, y la eliminación o reducción del uso de antibióticos y antiparasitarios”.

Se trata de una de las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, la cual fue propuesta por el Presidente Sebastián Piñera hace pocos días.

“La regulación hoy en día señala que se pueden otorgar concesiones a la salmonicultura dentro de áreas protegidas que estén en la categoría de Reserva Forestal o Nacional, sin embargo no están permitidas en Parques Nacionales. El proyecto de ley busca aumentar restricciones para las operaciones dentro de éstas”, afirmó el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret,

Según señala, las regulaciones para la industria salmonera han tenido abruptos cambios durante la última década, habiéndose incorporado una serie de normativas que hace que los permisos de evaluación ambiental no sean otorgados siempre, y que incluso puedan ser negados una vez otorgados si no se cumplen con los estándares básicos.

“Desde el punto de vista regulatorio ha habido infinitos cambios y eso no tenemos que perderlo de vista, como por ejemplo en la cantidad máxima de producción permitida, ya que antes eso no existía. En materia ambiental todos los años Sernapesca realiza una inspección en cada uno de los centros de operación para evaluar el impacto que se ha generado en el fondo marino, y si la condición no es óptima, no se puede seguir operando, como le ha ocurrido a varios”, subrayó Odebret.

Por otro lado, asegura que el hecho de que estos centros de cultivos se ubiquen en determinados sectores, ya sea en Areas Protegidas o en Reservas, se trata de decisiones que va manejando el Estado y no es una decisión que pase por los mismos salmoneros.

“Es importante que todas las personas tengan en cuenta que las empresas salmoneras se emplazan a donde el Estado les dice que pueden operar. El problema surge cuando el Estado define una Reserva o cualquier sitio de protección, ya que en ese momento ocurre aparentemente un conflicto que proviene del Estado y no de la industria, porque son ellos quienes nos tienen que relocalizar posteriormente”, enfatizó Odebret.