Las indemnizaciones que prepara el gobierno para los directores de servicio que serán desvinculados

En los primeros seis meses de la segunda administración de Sebastián Piñera, se desvincularon a 23 por ciento de altos cargos públicos, cifra que en el segundo gobierno de Michelle Bachelet llegó a 48% en igual periodo. Ahora, si vamos a los cargos de primer y segundo nivel jerárquico, durante 2018, un total de 283 altos directivos públicos dejaron el gobierno, en circunstancias que en 2014 el número se elevó a 395.

Transcurrido un poco más de un mes de la instalación del gobierno de Gabriel Boric, muchas de las direcciones de servicio a nivel regional se mantienen acéfalas, a la espera de que a nivel central se definan los nombramientos.

En alguno de los casos los directores accedieron al cargo vía concurso bajo el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) durante la administración de Sebastián Piñera.

Es la situación del médico veterinario de la Universidad Austral de Chile, Gerardo Otzen Martinic, quien asumió la titularidad del cargo de director regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Magallanes el 1 de febrero de 2019 con una duración máxima de tres años, sin embargo en febrero pasado, en las postrimerías del gobierno anterior, fue renovado por la autoridad competente por igual plazo, hasta 2025.

Otzen, profesional de carrera con más de 30 años de trayectoria en instituciones dependientes del Ministerio de Agricultura, se encuentra por estos días haciendo uso de su feriado legal hasta el 22 de abril, para al día siguiente, el 23, hacer efectiva su renuncia al cargo. Es subrogado por Juan Francisco Alvarez Cárcamo, jefe de Laboratorio de dicho servicio.

Tratándose de los Altos Directivos Públicos, como es el caso del director del Sag, que se encuentra dentro de los cargos de exclusiva confianza, es la ley que faculta a la autoridad llamada a efectuar su nombramiento para solicitar su renuncia por pérdida de confianza, que no puede sino entenderse como aquella confianza política que se tiene respecto de funcionarios que ejercen cargos de dirección pública, por su vinculación en la ejecución de las políticas públicas y servicios que se prestan a la comunidad.

El carácter de confianza política se reafirma en las normas que regulan la oportunidad legal para solicitar la renuncia a los Altos Directivos Públicos, que es acotada en el tiempo, y la posibilidad del Presidente de sustraer un número limitado de funcionarios del sistema de nombramiento de Alta Dirección Pública, en total 14. En ambos casos tiene que tener lugar al asumir el nuevo Presidente, por lo que es evidente que es una decisión que opera políticamente según sus lineamentos particulares. Son seis meses desde que asume para decidir a qué Altos Directivos en funciones les solicita la renuncia y tres meses desde la misma fecha para realizar el procedimiento que le permite sustraer hasta 14 directivos de las restricciones que le impone el sistema de ADP para estos cargos.

En todo caso, esto se contradice con el propósito del sistema -regulado por la Ley Nº19.882- que busca dejar de lado la influencia política a la hora de la elección y la rotación de estos cargos.

No obstante ello, lo anterior es visto como un despilfarro de recursos públicos. Y, es que más allá de los miles de millones de pesos que el Estado de Chile invierte en el proceso de selección de los altos funcionarios públicos, a este gasto se deben sumar las indemnizaciones que se pagan cuando los empleados cursan renuncias “no voluntarias”. A diferencia del resto de los funcionarios públicos, que no tienen derecho a indemnización, las personas que son elegidas mediante el sistema ADP son compensadas por cada año de servicio que cumplieron.

Registro Civil

Otro de los personeros que llegó por Alta Dirección Pública al cargo de director regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, fue Mauricio Peña y Lillo Correa, de profesión Ingeniero en Ejecución Mecánica. Quien ocupara el cargo de intendente en el primer mandato de Sebastián Piñera, asumió la jefatura del Registro Civil en noviembre de 2019, por lo tanto su gestión de tres años expira en noviembre de este año. En términos normales, concluido su primer periodo en los próximos siete meses, el cargo debiera ser renovado por los próximos tres años conforme a la evaluación que haga el Servicio Civil y la jefatura máxima del Registro Civil.

Sin embargo, Peña y Lillo advierte que conforme a la legislación vigente, los altos cargos quedan sujetos a los gobiernos de turno, independiente del proceso de evaluación de desempeño.

En su caso, todavía no ha sido notificado de alguna decisión en contrario.