Convención Constitucional: Expectativas vs Realidad

Rodrigo Alvarez
Constituyente por Magallanes

“Yo estoy aquí para soñar Chile, no para ver cómo se financia”, fue la frase que hace algún tiempo me dijo un convencional perteneciente a uno de los tantos colectivos de izquierda presentes en la Convención Constitucional.

El Pleno -al momento de escribir esta columna- ya ha aprobado 290 artículos, los cuales ya forman parte del borrador de propuesta Constitucional. La tendencia observada nos permite afirmar que estamos frente a una propuesta de Constitución maximalista y extensa, que regula con lujo de detalles materias que suelen ser abordadas en leyes, pero que considera secundaria la necesidad de contar con principios e instituciones robustas que permitan limitar al poder y evitar la discrecionalidad de autoridades esencialmente temporales. Y, especialmente, que no estima prioritario la incorporación de normas que permitan generar las condiciones necesarias para el financiamiento de los distintos derechos sociales que busca garantizar.

En dicho contexto, resulta necesario hacer presente que esta semana discutimos y aprobamos derechos fundamentales como el acceso a la salud y a la vivienda. Si bien dichos derechos deben ser resguardados por la Carta Fundamental, estimo que es preocupante observar cómo la retórica de los derechos y la justicia social generan expectativas en la población en materias que son -por su naturaleza- absolutamente inciertas (y que, por cierto, requieren de políticas públicas posteriores para su materialización).

Respecto a lo aprobado en materia de salud, destaca que “toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral”, creando además el Sistema Nacional de Salud que tendrá “carácter universal, público e integrado”. Pese a que nadie pone en duda que las personas tenemos el derecho a acceder a prestaciones de salud de calidad, existen múltiples diferencias de opinión sobre su materialización. Por ello, observo con preocupación que eventualmente se coarte la libertad de las personas al establecerse como obligatorio que todos los chilenos coticen su 7% en Fonasa (perdiendo la posibilidad de destinar la cotización obligatoria en una Isapre).

En materia de vivienda, por su parte, se aprobó que “toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”. Compartiendo el espíritu de la norma, surgen múltiples preguntas que aún no han sido debidamente abordadas al interior de la Convención. A modo de ejemplo, conviene preguntarse: ¿quién será la contraparte?, ¿a quién se deberá acudir cuando este derecho social no se resguarde?, ¿cómo se financiarán este y otros derechos? La realidad, bien lo saben las personas, es más compleja. Hoy, lamentablemente, muchas familias viven en condiciones de hacinamiento y tienen dificultades para acceder a un hogar propio (en algunos casos, esperando hasta 15 años para ello).

Quedan menos de 30 días para redactar la Constitución y es absolutamente necesario que la Convención Constitucional sea prudente y modere las expectativas de la ciudadanía, toda vez que muchos de los derechos que contiene la propuesta de Carta Fundamental requieren cuantiosos recursos fiscales y políticas públicas bien diseñadas para su materialización. Este proceso histórico exige que seamos honestos con las personas, especialmente con aquellas que esperan que sus legítimos anhelos -como el acceso a una vivienda o a prestaciones médicas oportunas y de calidad- se cumplan. No nos encomendaron soñar Chile, nos encomendaron redactar una Constitución que rija la vida de todos por los próximos 40 o 50 años. Debemos manejar las expectativas y trabajar -todos juntos- para avanzar de forma responsable y sostenible.