Brigada Económica de la PDI vino a investigar si hubo delitos en la Corporación de Deportes

Durante la semana pasada estuvo en Porvenir la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), para obtener declaraciones del actual director ejecutivo de la Corporación Municipal de Deportes y Recreación, Claudio Díaz, respecto a la detección de falta de rendición de recursos en un proyecto social durante la pandemia, ejecutado por el anterior directivo de esa institución comunal, Andrés López. Asimismo, un contrato no pagado a un abogado de la misma.

Aunque no se pudo ratificar, trascendió que las indagaciones también abarcan la adquisición del vehículo de la misma corporación durante la gestión de la ex alcaldesa Marisol Andrade, que adolecería de falla de procedimiento. Sobre el tema, el fiscal (s) de Porvenir, Sebastián Marín, admitió que por seguir él un juicio local en Punta Arenas desde el miércoles pasado, no sabía con exactitud el tenor de las diligencias de la PDI.

En todo caso, afirmó que le ordenó investigar la denuncia de la municipalidad fueguina a la mencionada brigada de la PDI, la que deberá entregarle un informe cuando concluyan las diligencias encomendadas. “Son las propias de tomar declaraciones, recabar documentación sobre todo lo relacionado a platas, documentos contables, etc., despejar que haya un delito y no sea simplemente un ‘juicio de cuentas’, que a veces se confunde y eso es administrativo”, especificó Marín.

Explicó que la denuncia habla de dineros sin justificación, relativos a la compra de un vehículo. También los dineros que faltan en un proyecto, de lo que queda conocer si es un delito, ya que puede ser “malversación de caudales públicos por aplicación diferente”, como se denomina, donde los dineros tienen un objetivo y se destinan a otro, apuntó.

Lo anterior, especificó, en vez de delito sería una “infracción administrativa”. Pero si hubiera delito -clarificó- se debe probar que fue con otra intención, que no tuviera respaldo ni justificación y que engrosara el patrimonio de alguien. “Hay otra figura también: que los funcionarios públicos, sobre todo los que manejan plata, tienen que rendir cuenta”.

“Y si no lo hacen, Contraloría comienza un ‘juicio de cuentas’ derechamente, lo que es parte de la administración pública. Y ahí no hay delito y cuando va a ‘juicio de cuentas’ es porque en efecto, se despejó el tema”, especificó el fiscal (s). Por otro lado se está investigando si se siguió los conductos regulares para adquirir el citado vehículo, esperando aclarar si existe delito o si la compra tiene respaldo.

Denuncia contra concejal

Con relación a la otra denuncia de la Municipalidad de Porvenir, seguida de una acción similar del Servicio de Registro Civil, contra un concejal en ejercicio por los presuntos ilícitos de falsificación de instrumento público y uso malicioso del mismo, Sebastián Marín indicó que también se está despejando la participación del edil. “Esta es bien tangencial, porque el delito lo comete el titular del usuario que estaba solicitando la patente, que es quien se beneficia, no hay otro beneficio con eso”, aseguró.

Además, quien recibió el documento falso tampoco tenía cómo saber ni acreditar o corroborar que no haya sido real, “porque como encima estamos en ‘modo pandemia’ se está digitalizando todo y ¡claro!, cualquier persona pudo haber falsificado el documento, y uno no comete un delito por recibirlo y reenviarlo. Eso no es necesariamente un delito y ahí se debe despejar si el concejal tiene alguna responsabilidad o no”.

“Hasta ahora, eso no lo veo muy claro”, cerró el representante del Ministerio Público en Tierra del Fuego.