Histórico fallo obliga al Estado a indemnizar en $350 millones a ex preso político

550

millones de pesos era la suma pretendída por el demandante

Ex empleado bancario, deportista y dirigente del Partido Socialista durante
la Unidad Popular, tras el golpe de Estado, estuvo casi tres años en varios centros de
detención, donde las intensas torturas a las que fue sometido casi terminaron con su vida.

De paso por Punta Arenas se encuentra el ex prisionero político Luis Enrique Alvarado Saravia, que ha vuelto a recorrer las calles de su ciudad natal, pero ahora con una sensación diferente. A sus 82 años, puede sentir que hubo justicia después de haber sufrido los horrores de la tortura y el exilio, que lo tuvieron desde 1976 a 1990 viviendo en Dinamarca. Tras la vuelta a la democracia, intentó retomar su vida en Punta Arenas, pero encontrarse cara a cara con sus torturadores, que se movían sin problemas por la ciudad, lo afectaron de tal manera, que se radicó en Castro, Chiloé.

Su historia quedó plasmada en el libro “Alvarado”, de Guillermo Mimica, donde se aborda su vida como empleado bancario, deportista y dirigente del Partido Socialista durante la Unidad Popular. Tras el golpe de Estado, estuvo casi tres años en varios centros de detención, que casi terminaron con su vida.

Todo ese dolor ha sido mitigado, en parte, con la reciente sentencia dictada por el juez Claudio Neculmán Muñoz, titular del Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas, que condenó al Estado a pagarle, por indemnización al daño moral sufrido, la suma de $350.000.000 más las costas del juicio.

Su abogado Pablo Bussenius, que lo acompañó durante el proceso judicial, explicó que “este fallo confirma lo que ha venido sosteniendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, en el sentido de que las indemnizaciones asociadas a crímenes de lesa humanidad, no prescriben. Desde 2015 la Corte Suprema viene sosteniendo esta tesis y el Estado chileno fue condenado, en su momento, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicar prescripción en las causas civiles en materia de Derechos Humanos, lo cual era, de todo punto de vista, discutible. En este caso, es un monto importante, estamos satisfechos porque es superior al que se ha venido entregando en este tipo de causas”.

Pero para el abogado, más allá del monto, el fallo es absolutamente justificado, “no sólo por la detención ilegal, la prisión política y la tortura de la que fue objeto Luis, sino que además, fue condenado en un Consejo de Guerra y la pena propuesta por el fiscal fue la pena de muerte, algo tremendo y después fue obligado a viajar al exilio y el desarraigo continúa cuando se tiene que ir a Chiloé”.

Pese a que estos juicios son largos y a lo delicado que son para los involucrados, Bussenius valoró que en el caso de Luis Alvarado, “la reparación sea a tiempo”.

Luis Alvarado reconoció que todo este proceso “es tan largo que no solamente perdí las esperanzas, sino que además, vinieron estos dos años de pandemia donde se paralizó todo y uno pensó ‘¿alcanzaré a ver que haya algo de reparación? Una reparación que ha costado muchísimo, porque la justicia, para que se haga, es lenta. Esa reparación jamás va a alcanzar lo que uno ha vivido, no sólo yo. He estado con compañeros que he visto, algunos absolutamente en la miseria y pensamos que debe existir una reparación del Estado. Llevamos 49 años del Golpe cívico-militar y ha sido una lucha larguísima, donde muchos compañeros han muerto. Este fallo puede significar que el Consejo de Defensa del Estado como el gobierno, entren a reparar rápidamente, porque es urgente. La gente humilde, que está viviendo con la reparación Valech, debe estar entre 180 y 200 mil pesos y con eso tienen que vivir, entonces cuando se dice que hay que hacer justicia, hay que armarse de paciencia, tener una muy buena salud y conseguirse la asesoría judicial que corresponda para llevar adelante un caso”, sintetizó Alvarado.

La demanda indemnizatoria fue interpuesta en septiembre de 2020 y en ella se demandó al fisco de Chile a pagar a título de indemnización de perjuicios la suma de 550 millones de pesos.

La sentencia de primera instancia de fecha 6 de mayo reciente, seguramente será apelada por el Consejo de Defensa del Estado.