Aumento del sueldo mínimo: un giro en la política pública

Javiera Morales
Diputada por Magallanes

Este miércoles el Congreso Nacional despachó la ley que aumenta el Ingreso Mínimo Mensual en dos saltos consecutivos: $380 mil de forma retroactiva en mayo, y $400 mil desde agosto. Se trata de un avance histórico, no sólo porque constituye la mayor alza del sueldo mínimo en los últimos 25 años. También, porque esta alza representa un giro importante en cómo esta política pública había sido concebida hasta ahora, y nos entrega luces de cuál es el camino a recorrer en la consagración de más derechos laborales. 

En primer lugar, la nueva ley fue fruto de un trabajo prelegislativo con la Central Unica de Trabajadores y distintas asociaciones de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Así, ingresó al Congreso con un piso de legitimidad social que  empujó la aprobación rápida y casi unánime en ambas Cámaras. Esto nos demuestra que los grandes acuerdos no solo dependen de la construcción de mayorías en el interior del Congreso, sino que también de la articulación con las asociaciones y movimientos sociales. Un gran aprendizaje a tener en cuenta para las reformas en curso, como la tributaria y la de pensiones, y para las futuras reformas que se deriven de la eventual aprobación de la nueva Constitución.

En segundo lugar, esta ley representa un giro en la política pública de sueldo mínimo ya que contempla un subsidio exclusivamente para las Mipymes, haciendo la necesaria distinción con las grandes empresas, las que no recibirán apoyo estatal. Si queremos avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, necesitamos políticas públicas que se hagan cargo de la enorme diferencia entre las empresas grandes, y aquellas medianas y pequeñas que han tenido dificilísimos años tras la pandemia.

Son las Mipymes las que contratan aproximadamente el 50% de las y los trabajadores de Chile. Sin embargo, cuentan con solo un 13% de las ventas en el mercado, es decir, su presencia es cinco veces menor que la de las grandes empresas, que se llevan el 87% restante. En ese escenario, es muy difícil exigirles que enfrenten por sí solas las necesarias mejoras laborales que como país estamos impulsando. Por ello, la ley recientemente aprobada contempla un subsidio estatal para las Mipymes, que les permitirá enfrentar esta alza en los contratos.

El nuevo sueldo mínimo se aplica a los más de 800 mil trabajadores que ganan dicho monto en el país, independiente del tipo de empresa en la que estén contratados, aumentando con ello también sus cotizaciones. En  el caso de las Mipymes, el Estado apoya a la empresa a enfrentar este aumento con un subsidio directo; y, en el caso de las grandes empresas, son ellas mismas las que tienen que solventarlo. Así, el Estado apoya a aquellas y lo requiere y no subsidia a las grandes empresas que cuentan con recursos y espalda para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras. 

Este mecanismo implica un giro si lo comparamos con el Ingreso Mínimo Garantizado impulsado por el gobierno anterior. Este contemplaba un subsidio directo a las y los trabajadores aumentando el ingreso con recursos estatales, sin distinguir entre el tipo de empresa contratante. Así, el Estado apoyaba con un subsidio que complementaba el sueldo del trabajador o trabajadora, independiente de las ventas de la empresa. Este subsidio entregaba recursos estatales sin distinguir el tipo de empresa. Además, no implicaba un aumento en las cotizaciones porque no aumentaba el sueldo, sino que consistía en un aporte adicional. 

No es novedad que estamos en un momento como país y Región en el que no contamos con holgura fiscal, hay inflación creciente y nos enfrentamos a años de receso económico, pero en el que las mejoras laborales son urgentes. El actual sueldo mínimo aún no es suficiente para construir el legítimo piso de dignidad que siente las bases de un país justo. Es necesario  seguir aumentándolo y rebajar la jornada laboral a las 40 horas. Pero en el escenario que nos encontramos ello sólo será posible articulando con la sociedad civil y focalizando los recursos públicos a las empresas que requieren ayuda. El reciente aumento del sueldo mínimo nos da buenas luces de que es posible.