Querella por fraude al fisco contra ex directora de Sernatur

– Si aquello es ratificado en la indagatoria de la Fiscalía, estaríamos frente a una actuación, al menos, irregular y deberá ser la justicia la que determine si constituyó un fraude al fisco.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en contra de la ex directora de Sernatur, Lorena Araya Guarda, por el delito de fraude al fisco.

La ingeniera comercial asumió como directora regional (PT) de Sernatur el 11 de marzo de 2015, a un año de que Michelle Bachelet iniciara su segundo periodo presidencial. Figuraba entonces al frente de la oficia magallánica de ProChile y, durante el primer mandato de Bachelet, había estado al frente de la secretaría regional ministerial de Economía y Turismo (2006-2007).

La querella presentada por el CDE se derivó de una investigación relativa a denuncias en su contra respecto, entre otros asuntos, de la contratación de servicios so pretexto de generar material y folletería de promoción turística y de difusión de la gastronomía regional.

Cabe recordar que, en 2017, la Contraloría Regional recibió una denuncia por supuestos actos de acoso laboral y posibles irregularidades en el servicio a su cargo. El informe correspondiente del ente de control, evacuado el 30 de enero de 2018, determinó la existencia de diversas infracciones administrativas, de lo cual derivó un sumario.

Ahora, uno de los casos que tendrá que investigar el Ministerio Público es el relativo a la contratación directa de un millonario servicio de confección de 30 mil planos plegables de Punta Arenas, 10 mil folletos motivacionales experiencia Patagonia Chile y 5 mil de estos folletos motivacionales de Dientes de Navarino.

Se objeta que, sin validación técnica, justificación de precios y por Convenio Marco, Araya autorizó el pago de casi 44 millones 500 mil pesos, procedimiento que vulnera normas de la Ley de Compras Públicas y contraviene el Procedimiento de Trato Directo.

Para el CDE, el monto cancelado sería un sobreprecio y, además, se puntualiza que el material recepcionado en la oficina de Punta Arenas correspondería sólo a la mitad de la cantidad especificada en la asignación y pago del servicio.

Si aquello es ratificado en la indagatoria de la Fiscalía, estaríamos frente a una actuación, al menos, irregular y deberá ser la justicia la que determine si constituyó un fraude al fisco.