Punta Arenas no recibirá a imputados de alta peligrosidad

• Hay que considerar que el Ministerio Público viene advirtiendo hace tiempo del aumento de los casos de tráfico de drogas y delitos violentos en Magallanes. En nada hubiera ayudado el traslado de reos peligrosos conectados con redes criminales organizadas.

Impacto ocasionó la información confirmada este domingo por el Ministerio de Justicia respecto del caso de imputados que fueron acusados de realizar torturas y extorsionar a reclusos primerizos al interior del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

La situación quedó al descubierto luego de que el juez del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, visitara el recinto tras recibir la denuncia de un interno que acusaba apremios ilegítimos y extorsiones sufridas por reos que no contaban con antecedentes penales previos.

Durante la jornada dominical, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, confirmó que se resolvió trasladar a 42 imputados acusados de practicar tales conductas delictivas, llevándolos a distintos módulos de máxima seguridad en otras ciudades del país.

Para tranquilidad de los magallánicos, ninguno de estos delincuentes fue trasladado a recintos penales de nuestra región, siendo Valdivia y Puerto Montt las zonas más sureñas a las cuales fueron derivados tales antisociales.

En este caso, un antecedente a considerar es que la mayoría de los reos implicados en la denuncia son extranjeros y, según el director nacional de Gendarmería, se trata de imputados de alta peligrosidad y que la medida tuvo por objetivo desarticular las bandas de crimen organizado que ponen en peligro la seguridad de la población penal y del personal, así como de la sociedad.

Hay que considerar que el Ministerio Público viene advirtiendo hace tiempo del aumento de los casos de tráfico de drogas y delitos violentos en Magallanes. En nada hubiera ayudado el traslado de reos peligrosos conectados con redes criminales organizadas.

Esta situación también devela que falta una política migratoria clara y eficiente, así como un mayor control en las fronteras. Entendiendo que el migrar es un derecho, ello no debe ser óbice para que el Estado chileno se oponga al ingreso de aquellos extranjeros que vienen a delinquir.