Las dos caras de la salmonicultura

– Pero, la industria también sigue siendo objeto de controversia porque persisten prácticas que vulneran la legislación y regulaciones existentes.

La industria de la salmonicultura está mostrando dos rostros en nuestra zona.

El sector salmonicultor se ha estado consolidando como el mayor exportador de Magallanes, entregando en la actualidad cerca de seis mil empleos, en forma directa e indirecta, y con ventas al exterior que llegaron a US$155 millones en salmón y trucha durante el primer trimestre de este año.

Estas estadísticas han hecho que este sector haya desplazado a la industria petroquímica, que tuvo al metanol como su principal producto de exportación y que hoy se coloca en el segundo lugar con envíos por US$135 millones.

El crecimiento de la salmonicultura no sólo se ha dado por la mayor presencia de empresas en la zona, sino porque sus envíos han crecido de US$126 millones en 2015 a US$389 millones el año pasado y porque, a nivel nacional, el salmón lidera las exportaciones no cobre.

Pero, la industria también sigue siendo objeto de controversia porque persisten prácticas que vulneran la legislación y regulaciones existentes.

Sobreproducción, escape de peces, contaminación de diversa índole, no cumplimiento de programas sanitarios para controlar enfermedades y manejo inadecuado de mortalidad son los incumplimientos que, de tanto en tanto, se constatan y denuncian.

Recientemente, Sernapesca informó que ha cursado 27 denuncias que apuntan a lo antes señalado durante el primer semestre, lo que supera las 22 cursadas durante todo el año pasado.

Esto es lamentable. Cabe recordar que la asociación que reúne a los productores instalados en la zona suele desvirtuar las campañas en contra de la instalación de nuevos centros de cultivo en Magallanes, considerando que los argumentos en contra no tienen asidero pues cumplen holgadamente la normativa medioambiental.

La zona ofrece condiciones propicias para el desarrollo de esta industria, pero ello sólo debe autorizarse en la medida que las unidades productoras cumplan totalmente la legislación y mantengan un cuidado extremo respecto de los ecosistemas que intervienen. En caso contrario, serán las mismas empresas las que cierren esta puerta.