Los errores económicos de la propuesta de nueva Constitución

El pasado 4 de julio, la Convención Constitucional hizo entrega oficial del proyecto de nueva Constitución. Es, por lo tanto, el momento de hacer un análisis profundo y riguroso de cada uno de los aspectos de la propuesta que será sometida a plebiscito en septiembre de este año.

Si bien la discusión se ha centrado en las negativas modificaciones introducidas al sistema político y en la incorporación de una desmedida plurinacionalidad, es pertinente evaluar el impacto que tendrá -de aprobarse- la Carta Fundamental en nuestra economía. Ello es fundamental pues existe abundante literatura que nos indica que la institucionalidad es determinante para el crecimiento económico. En efecto, como explica Stefan Voigt -Director del Instituto de Derecho y Economía de la Universidad de Hamburgo- la forma en que los países regulan aspectos como el gasto público y el déficit fiscal son relevantes para su desempeño económico.

Lamentablemente, la propuesta de Constitución -aún cuando incorpora principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal- no creará las bases sólidas que requiere nuestro país para la obtención de crecimiento económico y la superación de la pobreza. Por el contrario, múltiples aspectos de ella ponen en jaque nuestra prosperidad. Las disposiciones constitucionales, que afectarán la viabilidad de concretar los derechos sociales que nuestro país requiere, son diversas y de múltiples implicancias.

Primero, la emisión de deuda de gobiernos regionales y locales podría afectar la salud de nuestras finanzas públicas. Segundo, se elimina la iniciativa exclusiva del Presidente en los proyectos de ley que requieren gasto público, situación que dificultaría el necesario control que requiere ejercer el Poder Ejecutivo para mantener la disciplina fiscal. Tercero, se establece el derecho a huelga sin limitar las causales para invocarla, aumentando la incertidumbre en múltiples empresas. Cuarto, se establecen derechos de la naturaleza, los cuales -dependiendo la interpretación que prime- podrían afectar gravemente el desarrollo de actividades productivas, incluyendo las que se desarrollan en nuestra Región de Magallanes. Quinto, se incorpora la posibilidad de que las comunas y las regiones puedan crear empresas públicas, sin los resguardos necesarios para garantizar una competencia leal con las empresas privadas. Sexto, se consagra el derecho de los trabajadores -solo a través de sus organizaciones sindicales- a participar en las decisiones de las empresas, complejizando la administración de las mismas. Por último, la norma que pretende impulsar la restitución de tierras indígenas sumada a la regulación del derecho de propiedad (debilitado en comparación con la regulación vigente) genera un desincentivo al desarrollo de emprendimientos en buena parte del territorio de nuestro país.

En suma, la Convención Constitucional no solo desaprovechó una oportunidad histórica para proponerle al país una propuesta constitucional moderna y apta para los desafíos del país de los próximos años, sino que también incluyó normas que afectarán gravemente la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y las condiciones para generar actividades económicas que contribuyan al bien común.

Por lo mismo, y considerando además los graves problemas que se generarían por regulaciones excesivas o mal orientadas en otras temáticas, no solo es recomendable rechazar la propuesta emanada por la Convención. Es fundamental, asimismo, ser propositivos y proponer reformas que promuevan la prosperidad económica de Chile. Además de las propuestas que presenté en la Convención (la incorporación de un principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal bien formulado y la constitucionalización adecuada -y sin defectos- de la libre competencia), considero oportuno que se evalúe la conveniencia de constitucionalizar el principio del balance estructural a través de un mandato constitucional explícito con delegación expresa a la ley para que establezca -a lo menos- modalidades de cumplimiento y excepciones.

La prosperidad económica de nuestro país está en juego. Seamos responsables y optemos por la alternativa que más seguridad otorga a las futuras generaciones: el rechazo de la propuesta de la Convención y un acuerdo amplio para avanzar -considerando nuestra historia y la experiencia comparada- en reformas positivas que sean profundas y duraderas.