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Por disputa de los conjuntos habitacionales Brisas del Sur I y II

Minvu baraja alternativa de reubicar proyecto habitacional si fallo de la Suprema es desfavorable

Lunes 11 de Julio del 2022

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  • Seremi informó que se cuentan con 81 hectáreas públicas y privadas para la eventual construcción de viviendas

A la espera se encuentran las más de 300 familias de las agrupaciones de vivienda Brisas del Estrecho I y II, quienes están expectantes ante el fallo de la Corte Suprema para ver si su sueño de la casa propia se hace realidad. Esto, porque la construcción de sus viviendas en prolongación Manuel Rodríguez, se paralizó debido a un recurso de protección interpuesto por agrupaciones ambientalistas y del barrio Archipiélago de Chiloé. Si bien la presentación legal fue rechazada, está pendiente un recurso de apelación ante la Corte Suprema cuya orden de no innovar se mantiene vigente, por lo que mientras tanto no se puede construir en el terreno dispuesto para este fin.

En entrevista con La Prensa Austral, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe, dijo que mientras tanto han estado en contacto con la constructora Salfa a fin de que se pueda avanzar en estudios de impacto ambiental en caso de que se requiera, a la espera de contar con el fallo definitivo.

– ¿Qué sucederá en caso de que el fallo sea desfavorable?

– “Se conversó con las familias, tenemos que reubicar el proyecto, que sería algo que no apostamos a eso, porque se han construido viviendas en el sector (sur), entonces ¿por qué no va a seguir construyéndose? Los permisos están, está todo. Nosotros apostamos a que salga de manera positiva”.

– Aunque si no es así, según juristas podría sentarse jurisprudencia y afectar al desarrollo habitacional futuro…

– “Por supuesto. De hecho no sólo a nivel comunal, sino a nivel regional. Sería algo muy delicado y hay que ir viendo bien este tema, coordinando con la seremi de Medio Ambiente en este caso. Tuvimos reuniones con las directivas de los dos proyectos, donde les comentamos que los recursos estaban, las puertas están abiertas para conversar y el acompañamiento por nuestra parte, también está”.

Sobre esto último, el departamento de Comunicaciones del Minvu, informó que los recursos aprobados siguen estando vigentes. En cuanto al aporte complementario del Gore, la no identificación de recursos para el presente año por parte del Consejo Regional se debe a la corrección de la programación financiera, ya que no se han podido iniciar las obras y que estos recursos estarán disponibles para el próximo y siguiente año, lo que no significa que se pierdan. En el caso de iniciarse las obras el presente año, los recursos sectoriales son suficientes para el pago de éstas. Respecto a los subsidios habitacionales estos se pueden prorrogar en la medida que sea necesario. Igualmente, se les indicó que en caso que debiera modificarse el proyecto, seguirá manteniéndose el diseño de las viviendas y características del barrio.

Viviendas y terrenos

Son 3.500 entrega de llaves de viviendas nuevas que esta administración se fijó como meta, la cual contempla unidades que están ejecutándose desde la administración anterior. El plan de emergencia habitacional, estableció -mediante una proyección que se hizo región por región- una meta de 1.962 viviendas.

Uribe informó que se cuentan con 81 hectáreas públicas y privadas para la eventual construcción de viviendas. “Aparte estamos gestionando 130 hectáreas que más o menos podemos contar. Eso incluye terrenos fiscales y estamos en conversaciones con Bienes Nacionales para apoyarnos con ese plan para gestionar de forma más rápida”.

En cuanto a los cerca de diez terrenos que tiene identificados Bienes Nacionales, el seremi del Minvu destacó que “lo veo con muy buenos ojos, sería algo a potenciar a nivel regional y comunal, porque vamos a contar con este banco de suelos que no sólo va a quedar para este periodo, estableceremos una política para que no sea problemática a futuro, sino que para otras administraciones igual habrán terrenos para construir”.

De acuerdo al seremi Uribe, se quiere ejecutar al menos un conjunto habitacional en forma de arriendo, que podría ser administrado por el municipio o alguna fundación sin fines de lucro.

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