Propuesta de Constitución Económica: normas equivocadas que nos alejan del progreso
Rodrigo Alvarez Zenteno
ex convencional constituyente por Magallanes
La propuesta de Constitución elaborada por la Convención Constitucional, como he ido comentando en diferentes columnas y entrevistas, se caracteriza por ser excesivamente maximalista y desmedida. Ello ocurrió, fundamentalmente, por la integración de la Convención y por el desconocimiento de varios convencionales respecto al rol y fines de una Carta Fundamental.
Así las cosas, considerando que la propuesta contiene 388 artículos permanentes y 57 transitorios, los ciudadanos han tenido importantes dificultades para entender las implicancias de las instituciones, principios y derechos que busca consagrar la propuesta. Otros ciudadanos, preocupados por la concreción de los múltiples derechos presentes, se han preguntado cuánto costaría financiar la implementación de la Constitución y cómo se obtendrían los recursos para aquello.
Sobre el costo de implementar la propuesta de Constitución, cabe destacar la presentación de un estudio elaborado por prestigios economistas -como Claudia Martínez, Rodrigo Vergara y Rodrigo Valdés-, el cual es tremendamente oportuno. En efecto, las estimaciones de los economistas indican que en un escenario conservador el costo anual equivalente sería de un 8,9% del Pib, mientras que en un escenario menos conservador el costo podría llegar a un 14,2% del Pib (en torno a 25 a 40 mil millones de dólares respectivamente). Los ciudadanos, al tomar la decisión de cómo votar en el plebiscito del 04 de septiembre, deben considerar que el gasto fiscal que se tendría que realizar es inédito dentro de los países de la Ocde y que para la obtención de dichos recursos es fundamental que nuestro país tenga un crecimiento económico sostenible y relevante en el tiempo, toda vez que gran parte de los ingresos fiscales provienen de la recaudación tributaria.
Así, cabe preguntarse si la propuesta -cuya implementación es cuantiosa- contempla una institucionalidad que permita generar prosperidad económica. Se trata de una materia fundamental pues, como han advertido diferentes expertos, la institucionalidad es determinante para el crecimiento económico. Lamentablemente, mi opinión y la de diferentes expertos, es que la propuesta constitucional no permitirá a nuestro país contar con las bases que necesitamos para obtener crecimiento económico. Por el contrario, múltiples aspectos de ella podrían poner en jaque nuestra prosperidad.
Los economistas Cortázar y Arellano, ambos técnicos prestigiosos que desempeñaron roles de relevancia en gobiernos de la ex Concertación, advierten que la propuesta constitucional no contribuye ni a la estabilidad macroeconómica (como he señalado previamente, la eliminación de la iniciativa exclusiva presidencial en materia de gasto fiscal, las normas de endeudamiento regional y comunal y la creación de empresas públicas a nivel local podrían generar un desorden fiscal inaudito) ni a la inversión y al crecimiento. Asimismo, advierten que múltiples normas podrían incrementar la conflictividad social (por ejemplo, aquella que pretende impulsar la restitución de tierras indígenas y la que permite las paralizaciones laborales por asuntos ajenos a la negociación colectiva); y que las normas del sistema político no contribuyen a la gobernabilidad.
Si bien nuestro país había cometido muchos errores antes del inicio de nuestro proceso constituyente, nuestra institucionalidad macroeconómica era admirada en la región y el mundo. Fue gracias a ella, junto a relevantes esfuerzos en materia de política social, que pudimos avanzar en la reducción de la pobreza y en posicionarnos como un país seguro y estable para emprender, invertir y vivir. En definitiva, aprobar esta mala propuesta constitucional dificultaría aún más que nuestro país pueda avanzar en proporcionar derechos sociales a nuestros compatriotas. Consideremos la evidencia económica, consideremos nuestra historia, pues el futuro de nuestro país está en juego. Rechacemos esta mala propuesta constitucional y trabajemos por la construcción de una Carta Fundamental de buena calidad jurídica, que sirva de base para el desarrollo y que una a todos los chilenos, sin exclusiones.
