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Interpretación de la ley instala dudas sobre el proyecto de Centro de Salud Mental

Por La Prensa Austral Miércoles 28 de Septiembre del 2022

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Consejero Alejandro Riquelme recurrió a Contraloría, mientras Miguel Sierpe planteó que “el problema recién empezaría si nos dijeran que estamos incurriendo en una ilegalidad”.

$45

mil millones aprobó el Core para la obra del futuro Centro Geriátrico y Salud Mental de Punta Arenas

Doctor Vukusich: “La actual iniciativa hoy queda condicionada a qué se entienda por segregación y a quién tenga que definir aquello”

No exento de controversia avanza el proyecto que busca dotar a Punta Arenas de un moderno Centro de Salud Mental y Geriatría, para lo cual el Consejo Regional de Magallanes aprobó hace dos semanas un incremento de recursos que permitirá disponer de más de 45 mil millones para la ejecución de las obras.

Sin embargo, las voces de alarma surgieron por lo que se establece en la Ley 21.331 que indica en su artículo 26: “Prohíbese la creación de nuevos establecimientos psiquiátricos asilares o de atención segregada en salud mental. Sólo se permitirá la internación ambulatoria de personas en los establecimientos psiquiátricos asilares existentes a la fecha de publicación de la presente ley, que cumplan con los requisitos establecidos en un reglamento dictado por el Ministerio de Salud”.

Lo anterior, con el término “segregada” como punto central de discusión, llevó a que ayer el Consejo Regional volviera a abordar el tema, con el consejero Alejandro Riquelme señalando que se hizo la respectiva consulta a Contraloría y con su colega Miguel Sierpe asegurando que “el problema recién empezaría si nos dijeran que estamos incurriendo en una ilegalidad”.

Los paños fríos vinieron por parte del gobernador Jorge Flies, quien sostuvo que el proyecto está recomendado tanto por las actuales autoridades de Salud como del Ministerio de Desarrollo Social, que al tratarse de un proyecto de larga data (2015) también ha habido conocimiento por parte de anteriores administraciones.

Tras solicitarse un informe, que será remitido a los mencionados ministerios, el asesor jurídico del Consejo Regional, abogado Jurko Scepanovic, explicó que la ley sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental fue publicada el 11 de mayo de 2021. Y aunque expuso que aquí opera el principio de la buena fe pública por parte de los distintos organismos que son parte del proceso, “no deja de ser menor” la existencia de una ley que aparentemente pudiera ser contradictoria con la creación de estos centros de salud mental “segregados”.

Una lata discusión

Alejandro Riquelme señaló que la presentación ante Contraloría tiene por objeto aclarar la situación y no busca echar pie atrás al proyecto. No obstante, lamentó que iniciativas de tantas trascendencia para la región tengan que ser abordadas con tan poco tiempo. ”En este caso, pedí que se postergara una decisión para evaluar a conciencia, porque hablamos de 45 mil millones de pesos y de la infraestructura más grande para salud después del Hospital Clínico en Magallanes. Una cosa así no puede discutirse en poco más de una hora”, enfatizó.

Quien también se refirió a la situación fue el consejero, médico psiquiatra Juan Vukusich, quien dijo haber expuesto latamente en su minuto respecto del tema.

“Esto es parte de una larga historia, que comienza incluso mucho antes de la construcción del Hospital Clínico y donde la Unidad de Psiquiatría fue excluida de manera arbitraria y sin consulta”.

Agregó que la actual iniciativa hoy queda condicionada a qué se entienda por segregación y a quién tenga que definir aquello.

Sin embargo, en su opinión sí hay un claro sentido de segregación “porque hoy todos los pacientes de salud mental están dentro del hospital con todos los beneficios que eso implica y van a ser sacados para recibir atención en otro lugar. No importa si es de 100 ó 200 metros. Eso es segregación. Pero se trata de interpretación y la pregunta es quién va a definir, ¿este Consejo, el Ministerio? Eso da para discusión ante puntos de vista diferentes, porque hay regiones donde salir de un recinto seguro no influirá en la salud de las personas, pero aquí es distinto”.