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Víctima de torturas en regimientos de la ciudad e isla Dawson

Corte redujo de $350 millones a $120 millones monto indemnizatorio a ex preso político

Por La Prensa Austral Lunes 3 de Octubre del 2022

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En fallo dividido, la Primera Sala consideró pertinente
rebajar el monto ordenado en la sentencia de primera instancia, en base al criterio prudencial aplicado en casos semejantes.

Cinco meses después de que el titular del Primer Juzgado Civil de Punta Arenas, Claudio Neculmán, acogiera una demanda indemnizatoria de perjuicios presentada por el ex preso político Luis Alvarado Saravia, y ordenara al fisco a pagar 350 millones de pesos, la Corte de Apelaciones redujo el monto a reparar por el daño moral sufrido por la víctima, a la suma definitiva de 120 millones de pesos.

Luis Enrique Alvarado Saravia era un funcionario bancario que se presentó el 12 de septiembre de 1973, en el Regimiento Pudeto de Punta Arenas, lugar donde fue sometido a interrogatorios bajo tortura y luego, tras pasar por el denominado “Palacio de la Risa”, fue trasladado al centro de detención de isla Dawson.

 En fallo dividido la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por el ministro titular Marcos Kusanovic, el ministro (s) Claudio Jara y el fiscal judicial Pablo Miño- consideró pertinente rebajar el monto indemnizatorio de $350.000.000, ordenado en la sentencia de primera instancia, en base al criterio prudencial aplicado en casos semejantes.

“Que en tales términos, resultando plenamente consistentes las conclusiones a las que arribó el tribunal, en orden a que en la especie el daño moral sufrido por el actor es de carácter grave y cierto, que importa tanto el sufrimiento directo producto de su detención ilegal, la prisión política a la que estuvo sujeto por casi tres años, las torturas sufridas durante dicho período y el posterior exilio por 13 años, a lo que se agrega un detrimento en sus condiciones de vida en los ámbitos laboral, familiar y social, constituyen elementos que efectivamente han de ser sopesados al momento de determinar el monto de la indemnización de aquel daño”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “(…) con todo, resulta necesario que los tribunales procuren mantener cierta consistencia y coherencia en sus determinaciones, a fin de otorgar un trato similar a casos potencialmente semejantes. Así las cosas, en la determinación prudencial de la cuantía de la indemnización que se ha de fijar, se han de tener también presentes los baremos obtenidos del análisis de la jurisprudencia existente sobre la materia, concordándolos con las particularidades de cada caso”.

 “Que –continúa- conforme a lo anterior, en concepto de estos sentenciadores, implica regular el monto de la indemnización por daño moral causado al actor (demandante), en un quantum inferior al establecido por el juez de instancia, y prudencialmente se estima que una suma de ciento veinte millones de pesos, resulta proporcional a los parámetros indicados”. En consecuencia, el tribunal superior revocó la sentencia apelada, con el voto en contra del ministro suplente Claudio Jara, quien estuvo por rechazar la demanda, por estimar que la acción civil se encuentra prescrita.