Déficit en la dotación de fiscales del Ministerio Público

Hace unos días el senador Alejandro Kusanovic planteó que se debe aumentar la dotación de fiscales y funcionarios del Ministerio Público de la Región de Magallanes frente a los grandes desafíos que ese organismo autónomo debe atender para dar cumplimiento adecuado a su mandato, en cuanto a dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito. 

Respecto de esta situación, el parlamentario dijo que ofició al fiscal nacional (s), Juan Agustín Meléndez, agregando que la petición tenía justificación, dado que el Ministerio Público en Magallanes cuenta con la misma dotación de fiscales desde el año 2002, aun cuando han aumentado significativamente los ingresos y causas vigentes en la región desde esa fecha.

Kusanovic señaló que “se suma también el aumento sostenido de comisión de delitos en la región, la incorporación de nuevos tipos penales en la legislación penal y las causas militares que han pasado al Ministerio Público”.

La inquietud del senador Kusanovic no hace más que reafirmar lo ya planteado recientemente por el consejero y delegado de Magallanes de la Asociación Nacional de Fiscales, Oliver Rammsy Dickinson, respecto a que la región austral es una de las zonas del país donde los persecutores tienen una mayor recarga de trabajo.

En esa línea, se debe sumar las declaraciones vertidas por el fiscal regional Eugenio Campos, quien en su oportunidad hizo ver que al Ministerio Público en Magallanes le agregaron delitos que antes no estaban contemplados en la legislación. Por ejemplo, todo lo referido a temas de agresiones de violencia física en contexto de violencia intrafamiliar, violencia de género y violencia institucional.

Precisamente ayer, en el marco de los 20 años de la Fiscalía y el inicio de la Reforma Procesal Penal en Chile, la máxima autoridad regional del organismo, entregó los principales indicadores de casos y delitos ingresados durante el tercer trimestre del presente año en el Ministerio Público de Magallanes.

Junto con lo anterior, el fiscal Campos manifestó su preocupación respecto a tres delitos que han experimentado un aumento significativo, al medirse su tasa de denuncia, cada 100.000 habitantes, superando incluso el promedio nacional. Estos son los asociados a la ley de tránsito con un 84% por sobre el promedio nacional, los delitos sexuales con 33% mayor que el promedio país y los ilícitos de la ley de drogas con un 12% más. En cuanto a la violencia familiar, se señaló que están levemente bajo del promedio nacional, con un -2%.

La seguridad ciudadana y la persecución del delito son temas sensibles, de suma importancia, para el buen vivir en comunidad, por lo que es de esperar que las demandas planteadas tengan las respuestas que se merecen por quienes tienen el poder de decisión.