El problema de mirar con miopía al estallido social

De la historia se sacan lecciones, de la historia se aprende. ¿Qué aprenderán las generaciones posteriores y nosotros mismos del estallido social? ¿Cuánto del futuro de Chile dependerá de cómo escribamos la historia de los recientes años? Son estas preguntas las que me dan vueltas cuando observo, preocupada, cómo se nos está imponiendo una visión sesgada del estallido, en que de forma irresponsable, a mi juicio, se quiere reducir todo este proceso a protestas violentas, sin duda condenables, pero que no dan cuenta del complejo fenómeno del 2019.

Porque en el estallido hubo violencia y destrozos, qué duda cabe, pero también movilizaciones pacíficas multitudinarias. Desde Arica hasta Magallanes, miles de personas se volcaron a las calles a protestar tranquilamente en contra de un país que es muy desigual y cuyos derechos sociales son débiles. Un país donde no se le garantiza a las grandes mayorías de Chile educación de calidad para surgir ni salud universal para hacer frente a las enfermedades, tampoco pensiones que le permitan a los adultos mayores vivir dignamente. 

Hoy se intenta responsabilizar, sobre la base de los ‘twits’ de la época, la violencia vivida, olvidando que en el estallido también se develó una crisis de legitimidad y de representatividad, incubada por muchos años. Gran parte de chilenos y chilenas aún sienten que las autoridades, incluso aquellas que hemos sido elegidas democráticamente, no los representamos, y que estamos desconectadas de sus demandas. ¡Cómo no! Basta recordar cuando, en el 2019, ministros cerraron la puerta al proceso constituyente iniciado en el gobierno anterior, mandaron a la gente a levantarse más temprano para pagar menos en transporte o, incluso, a comprar flores porque había bajado su precio. 

El proceso constituyente fue una respuesta institucional al malestar, pero también un camino para establecer un piso de seguridad social, a través del fortalecimiento de los derechos sociales y un esfuerzo por relegitimar nuestro sistema político. La propuesta plebiscitada el 4 de septiembre fracasó, nadie intenta negarlo. Sin embargo, las demandas y carencias detrás del estallido siguen presentes. Reemplazar el Estado subsidiario, instaurar un Estado social y democrático de derecho y mejorar nuestro sistema de pensiones, son deudas que tiene el actual sistema político con el pueblo de Chile. A ello, se suma la necesidad por mayor seguridad y estabilidad económica. Y no olvidemos, en ningún caso, la obligación ética de reparar los tremendos costos que también nos trajo el estallido. Reparar las violaciones a los derechos humanos -tres informes internacionales, un detallado informe del INDH y miles de causas pendientes las acreditan- y también a aquellos emprendimientos que sufrieron daños con las movilizaciones en el centro de nuestras ciudades.     

Por estas razones, me parece miope que la oposición lea el resultado del plebiscito como un voto por mantener las cosas como están. Asentados en una interpretación parcial de los últimos 3 años, impiden avanzar en mayor recaudación fiscal para hacer frente a las demandas sociales, por ejemplo, votando en contra de la Reforma Tributaria. Este camino no nos permitirá aprender de la historia reciente, sacar las necesarias lecciones y hacernos cargo de las demandas subyacentes. Por el contrario, solo esconderá estas fracturas debajo de la alfombra, a la espera que, como muchas veces ha ocurrido, la historia se repita.