Aduanas combate el crimen organizado

Lo aseguró la directora nacional Alejandra
Arriaza en su reciente paso por Punta Arenas.

La directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza Loeb, aseguró que “tanto en Magallanes como en el resto del país, el servicio está desplegando una estrategia de combate en contra del crimen organizado, en conjunto con los organismos y policías liderados por el Ministerio del Interior, que busca abordar las diversas aristas de este fenómeno”.

En esta materia, “cada institución aporta con datos, antecedentes y experiencia operativa para dar la batalla a las bandas que se relacionan con estos delitos de alto impacto social”.

Una intensa agenda de reuniones cumplió con funcionarias y funcionarios, autoridades y visitas a terreno.

“Sabemos la relevancia que tiene nuestra presencia en los diversos puntos de control marítimos, terrestres y aéreos de la zona. Se trata de una región con características especiales y que nos exige un despliegue permanente, por sus particularidades  geográficas y por las leyes de excepción que aquí se aplican, las franquicias, y su condición de zona franca,  que están pensadas  en el desarrollo de la actividad económica local”.

También recorrió el paso fronterizo Dorotea, además de las instalaciones de Aduana en Punta Arenas y Puerto Natales. Tuvo también una instancia de encuentro con la directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas, filial Punta Arenas.

Llegó hasta la Zona Franca para reunirse con representantes de la Cámara Franca, y recibió a la Cámara Aduanera de Punta Arenas.

“Nuestra labor como servicio es de recaudación de impuestos y la protección a la ciudadanía de productos relacionados con el tráfico ilícito, como armas, municiones, drogas y otras sustancias prohibidas, que generan daño a las personas como al medioambiente. En las zonas extremas tenemos además que enfrentar comercio y tránsito con el país vecino, y el compromiso es mantener nuestra presencia en puntos de control con buenas condiciones laborales para el trabajo de las funcionarias y funcionarios públicos, y de la ciudadanía que los utiliza”.