Trabajadoras de la seremi de Desarrollo Social denuncian acoso laboral, maltrato, persecución y desvinculaciones

• Actualmente dentro del servicio se encuentra vigente un sumario administrativoinstruido por la Contraloría General de la República en etapa investigativa.

En medio de la visita a Magallanes de la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, funcionarias de la seremi de Desarrollo Social y Familia denunciaron públicamente hostigamiento laboral, persecución, maltrato, acoso y vulneraciones a la protección a la maternidad en dicha secretaría regional.

Detallaron que actualmente dentro del servicio se encuentra vigente un sumario administrativo instruido por la Contraloría General de la República en etapa investigativa, la que da cuenta de acoso y vulneración a la privacidad. Además, revelaron la existencia de una tutela laboral por vulneraciones de garantías fundamentales y daño moral, interpuesta por una funcionaria que acusa vulneración a la protección a la maternidad.

Junto con lo anterior, señalaron que el proceso de renovaciones que culminaba el 30 de noviembre sigue su curso, estimándose que las desvinculaciones ascenderían a 4 funcionarias mujeres. “Una de ellas cuenta con confianza legítima, y dentro de los fundamentos para su no renovación no se encuentra una argumentación de hecho y derecho que avale su salida del servicio, al menos no lo que indica el último dictamen de la Contraloría E156769N21 y el Oficio Circular N°20 de 18 de noviembre de 2022 del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Además de lo anterior, mantiene vigente en etapa de apelación en la Superintendencia de Seguridad Social una denuncia de hostigamiento laboral en contra del servicio, en la Asociación Chilena de Seguridad, y una reclamación en Contraloría por apelación a sus calificaciones periodo 2021-2022 que aún no es notificada por la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, estando ya fuera de plazo normativo”, precisaron las funcionarias.

Luego, agregaron que el caso más grave afecta a una funcionaria que, estando embarazada con 23 semanas de gestación, fue notificada de su desvinculación pese a que claramente el hecho estaba en conocimiento del secretario regional ministerial.

Se añade que “ambas desvinculaciones vienen con la rúbrica del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, quien debería estar en conocimiento de esta situación arbitraria y discriminatoria”.

Acusan impunidad

Las funcionarias alegan que todos los hechos anteriormente descritos se han suscitado “en completa impunidad”, razón por lo cual han querido manifestar a la opinión pública su malestar y desazón “sobre todo en esta administración, que dice ser un gobierno feminista y que apoya y persigue hacer valer los derechos de las mujeres”.

Por tal razón, llamaron al Presidente Gabriel Boric, y a las autoridades regionales y nacionales, a no seguir normalizando el hostigamiento y maltrato laboral, “sobre todo cuando se realiza con humillaciones y falta de criterio por parte de las autoridades de turno y aún más grave contraviniendo los derechos que le asisten a las mujeres por el solo hecho de la maternidad”. Asimismo, solicitaron revisar los problemas de clima laboral al interior del servicio, “ya que habrían otras voces que se encuentran silenciadas por miedo y temor de perder sus puestos de trabajo”, enfatizaron.