Crisis en Perú: dictan una semana de prisión preventiva para el ex Presidente Pedro Castillo

• El Poder Judicial ordenó siete días de detención preliminar por flagrancia en contra del ex Presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley ordenó este jueves siete días de detención preliminar para el ex Presidente Pedro Castillo, quien está siendo investigado por la presunta comisión del delito de rebelión, tras anunciar el cierre del Parlamento y la instauración de un gobierno de emergencia.

“Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, dispone siete días de detención preliminar contra el ex Presidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración)”, anunció el Poder Judicial en su cuenta oficial de Twitter.

Checkley evaluó, en una audiencia virtual, el requerimiento fiscal que solicitaba esta medida contra el ex Mandatario, quien desde el miércoles pasado se encuentra retenido en un penal de Lima, el mismo donde el ex Presidente Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una condena de 25 de cárcel.

En la resolución, compartida por el Poder Judicial, el juez también declara la “legalidad de la detención” de Castillo y establece que el plazo de detención judicial “estará vigente del 7 al 13 de diciembre”. 

Durante la audiencia, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán aseguró que “queda evidente la alta probabilidad de fuga” del ex Presidente, tras mencionar la intención de Castillo de dirigirse a la Embajada de México para pedir asilo, algo confirmado por el Presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador.

Huamán indicó que la detención del ex Jefe de Estado es “necesaria” para asegurar los actos de investigación y acusó a Castillo de haber pretendido cambiar el modelo de Estado de derecho establecido en la Constitución, de manera ilegal y dolosa.

En la audiencia también participó virtualmente Castillo, quien estaba acompañado de su abogado Víctor Pérez y de su ex Primer Ministro Aníbal Torres, quien también ejerce su defensa.

En su intervención, Torres aseguró durante la detención de Castillo nunca se empleó algún “medio coactivo o coercitivo”, pero insistió en que en este proceso “se está violando flagrantemente el principio de legalidad” al considerar que en ningún momento se acreditaron los delitos imputados al ex Presidente.

En esa misma línea, Pérez sostuvo que el anuncio de Castillo sobre el cierre del Parlamento no implicó un levantamiento en armas que requiere, según dijo, el delito de rebelión y negó que exista peligro de fuga, por lo que solicitó al juez que declare infundado el requerimiento del Ministerio Público.

“Quebrantar el orden
constitucional”

El Ministerio Público anunció el inicio de diligencias preliminares contra Castillo por rebelión y conspiración, mientras el ex Mandatario permanecía detenido en la Prefectura de Lima por presuntamente “quebrantar el orden constitucional”, después de dictar el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un gobierno de emergencia nacional.

Esa orden ha sido interpretada mayoritariamente como un intento de golpe de Estado, incluso por los miembros de su gabinete.

La medida no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora ex integrantes de su gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.

Horas después, el Congreso debatió un tercer pedido de destitución en su contra, que finalmente fue aprobado por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano.

La accidentada Presidencia
de Castillo 

En junio de 2021, Pedro Castillo ganó las elecciones generales con un estrecho margen de diferencia de su principal adversaria, Keiko Fujimori, quien denunció un supuesto fraude. 

El Congreso peruano intentó destituirlo tres veces, la primera vez solo cuatro meses después de asumir, alegando los antecedentes de una investigación en Fiscalía de un supuesto financiamiento ilícito de Perú Libre, partido de gobierno, pero no pasó a debate. En marzo de 2022 lo intentaron nuevamente, acusándolo de “mentir reiteradamente” e inculpándolo en distintas situaciones de corrupción. 

Esta semana, y tras 337 días en el poder, el Congreso intentó vacar a Castillo por tercera vez argumentando su responsabilidad  en las investigaciones que lleva Fiscalía por actos de corrupción durante su gobierno. Como respuesta, Castillo intentó cerrar el Congreso, anunció un toque de queda y un “gobierno de excepción”, y el Parlamento reaccionó destituyéndolo finalmente el miércoles 7 de diciembre.