20 años de Reforma Procesal Penal en Magallanes

Gustava Aguilar Moraga
Defensora Regional de
Magallanes y de la
Antártica Chilena

Este viernes se conmemoraron 20 años del cambio más transcendental en el sistema de enjuiciamiento criminal vivido por nuestra región, porque un 16 de diciembre, pero del año 2002 se iniciaba la Reforma Procesal Penal en Magallanes, como había acontecido, gradualmente, en otras regiones del país.

Los tres pilares fundamentales de este sistema: un juez que resuelve y sentencia, un fiscal que investiga y acusa y la presencia de un defensor público, para garantizar el respeto de los derechos y garantías de las personas imputadas por un delito, serían el nuevo rostro de una justicia penal adversarial, moderna y transparente, sus actores pasarían a ser personas relevantes del quehacer regional.

La comunidad magallánica, supo entonces, que toda persona cuando es objeto de la persecución punitiva estatal tiene derechos que deben ser respetados, que se presuma su inocencia, a guardar silencio, a tener un abogado defensor y a un debido proceso, entre otros.

Reconocer, hacer efectivo y exigir que se respeten tales derechos fue, es y será misión de la Defensoría Penal Pública, porque somos personas que defendemos personas, no protegemos delincuentes como a veces se suele parodiar, muy por el contrario, nuestra gestión de defensa permite que la persecución estatal se realice dentro de los márgenes de la legalidad vigente y acorde al estado de derecho.

Cualquier persona, en caso de ser imputado o imputada, valoraría que se respeten sus derechos, son el freno a excesos que se pudieran cometer en aras de la persecución del delito. 

El sistema de enjuiciamiento criminal impulsó la actualización y modernización del sistema en su conjunto, expresándose, en la práctica, en la concepción de un derecho procesal penal con sentido democrático y de humana justicia.

Cabe mencionar, en este punto los derechos que tienen las mujeres privadas de libertad, como es el derecho que tiene la madre a permanecer junto a su hijo o hija menor de 2 años en un recinto especial, separada del resto de la población penal para obtener una atención adecuada.

Como, también, con la ley de responsabilidad penal adolescente, se hace responsable penalmente al joven a contar de los 14 años, permitiendo la necesaria intervención estatal, pero, privilegiando la reinserción y rehabilitación del joven que delinque.   

Pueden parecer que 20 años es un largo camino, para otros es un breve espacio de tiempo, todavía recordamos cuando con un reducido grupo de funcionarios y funcionarias abrimos la Defensoría ese 16 de diciembre del año 2002, en el antiguo edificio de calle Colón y, con cierto nerviosismo e impaciencia, esperábamos tomar las primeras audiencias en los tribunales de calle O´Higgins. Hoy cada una de las instituciones cuenta con modernos y confortables edificios.

Asimismo, nuestra misión institucional se modificó, en un principio el objetivo fue asegurar la cobertura y el derecho a defensa penal a todas y todos los habitantes de la Región de Magallanes. Para ello contamos con defensores residentes en todas las capitales provinciales, Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. Hoy tenemos el foco en entregar un servicio de calidad a nuestros usuarios y usuarias.

Para ello contamos con defensores especializados en responsabilidad penal adolescente, defensa penitenciaria, de extranjeros y migrantes, mujeres, inimputables y pueblos originarios.

Sin duda que estos años hemos enfrentado grandes desafíos como fue asegurar el derecho a defensa durante la pandemia, podemos decir con satisfacción y no exentos de orgullo que lo superamos con creces, gracias a que como institución estamos a la vanguardia del desarrollo tecnológico y con un equipo humano de alto compromiso y con gran vocación de servicio, que nos permitió dar continuidad a la gestión de defensa por vía remota y, luego de un corto tiempo, volver a atender a nuestros usuarios de manera presencial cuando fue posible. 

Valoramos que al día de hoy todos los intervinientes de la administración de justicia penal estén retomando, paulatinamente, la presencialidad.

Hay un hecho que, a mi juicio caracteriza la Reforma Procesal Penal en Magallanes, no es otro que las excelentes relaciones interinstitucionales entre todos los intervinientes y los lazos que nos unen con la comunidad  magallánica tanto de parte del poder judicial como el Ministerio Público, la Defensoría, Carabineros, Policía de Investigaciones, secretaría regional ministerial de Justicia y Derechos  Humanos y sus servicios dependientes,  Instituto Nacional de Derechos Humanos; Universidad de Magallanes y otros centros de estudios superiores.

Prueba de este espíritu de colaboración fue el seminario “A 20 años de la Reforma Procesal Penal en Magallanes, avances y desafíos” que organizamos conjuntamente la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Fiscalía Regional y Defensoría Regional, evento que convocó a destacados expositores del foro procesal penal nacional y regional. 

Sin duda que estos años hemos avanzado, pero no podemos ser autocomplacientes siempre habrá espacio para mejorar, nuestros usuarios son más demandantes y tenemos que estar preparados a futuros desafíos en el respeto de los derechos humanos de las personas cuando son objeto de la persecución penal estatal, estamos seguros que lo superaremos con la misma mística de estos 20 años porque “Sin Defensa no hay justicia”.