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Comisión investigadora de Enap pide un fiscal con dedicación preferente

Domingo 25 de Diciembre del 2022

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– Diputado Leonidas Romero señaló: “Lo que vimos y vivimos en Punta Arenas fue terrible”, al recordar las denuncias y recepción de antecedentes.

Alejandro Salazar Carrera
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“Lo que vimos y vivimos en Punta Arenas fue terrible”. Con esta frase el diputado Leonidas Romero recordó parte del trabajo de recopilación y análisis de antecedentes por parte de la comisión especial que investigó las presuntas irregularidades al interior de la Empresa Nacional del Petróleo, las mismas que para esta instancia de 11 diputados tiene poco de presuntas, dado que de su informe final se desprenden graves situaciones que requieren de la vista del Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República y de la Fiscalía. A este último, se le pide un fiscal con dedicación preferente.

El parlamentario por la Región del Biobío fue junto al presidente de la comisión, diputado Carlos Bianchi, piedra angular del trabajo que se desarrolló durante 5 meses y que finalizó esta semana con la aprobación unánime del informe que deberá ser visto en sala.

En sus comentarios finales, Romero sostuvo que cuando se escucha la versión de una funcionaria que es despedida por denunciar hechos de corrupción, cuando dirigentes denuncian con nombres y apellidos a quienes les cobraban por las licitaciones y cuando por cerca de tres décadas éstas se adjudicaban a un grupo de transportistas, “vemos que no era un invento ni un tema personal. El primer día dije que no tenía mucha fe (en lo que se pudiera concluir), pero eso ha cambiado al ver la imparcialidad, la transparencia y el compromiso de esta comisión. Cuesta combatir la corrupción, más aún cuando se trata de una empresa del Estado donde hay muchísimos intereses”.

Agregó que no fueron pocas las oportunidades donde la situación de Enap se intentó llevar a una instancia como ésta (en 2019 se rechazó el informe de la anterior comisión), “pero cuando se pedía el respaldo muchos no se querían enemistar con el Presidente de la República, o decían ‘no puedo porque tengo un amigo que es dirigente’. Ahora, en cambio, hay confianza porque además tenemos una autoridad diferente en el Consejo de Defensa del Estado, ya que la anterior vez que fui a hablar con quien estaba a cargo y le llevaba las carpetas con antecedentes me decía: ‘Diputado, cuándo va a entender que el que se pierdan 10 mil millones de dólares de una empresa del Estado no es un delito, sino una falta. Y con ese tipo de autoridades la verdad que es mejor decir bueno, que sigan robando, entonces”.

Qué dice el informe

El informe, que deberá pasar a sala y luego ser remitido a las instancias mencionadas en la búsqueda de determinar la efectividad de las irregularidades y responsabilidades, da cuenta en su primer acápite de las distintas acciones y actos gerenciales que podrían haber generado un detrimento empresarial. Entre éstos, destaca la venta de la barcaza Yagana en 2 millones de dólares, situación que se hizo efectiva en 2018 en medio de una fuerte controversia y graves acusaciones por parte de los trabajadores que acusaron “maniobra política” y “complicidad de los ejecutivos” para justificar el arriendo de un barco -el Normand Commander- en el Area Magallanes Argentina, contrato por cinco años a un costo de 50 mil dólares diarios. En la oportunidad, la empresa habló de fin de una etapa y de un ahorro de US$10 millones en materia de mantención y operación. Sin embargo, el informe recalca que meses después de su venta, la misma embarcación es contratada por Enap a un precio cercano a los 10 millones de dólares.

En este mismo acápite, se menciona la situación respecto a la contratación de la flota de helicópteros, “adjudicada a un nuevo oferente que carecía de las competencias técnicas para un servicio que, además, era $10 millones más caro que su competencia”. La denuncia por este punto terminó con la desvinculación de una funcionaria con 30 años de servicio.

Un segundo punto da cuenta de “la falta de control sobre la ejecución de proyectos de inversión. En esta consideración -explicó el diputado Carlos Bianchi- nos basamos en el proyecto incremental del Area Magallanes Piam que, en palabras de la misma Contraloría General de la República, no habría sido vigilado con el estándar exigible a empresas de capitales estatales, incluyendo incluso eventuales conflictos de interés como la contratación de determinada empresa”.

El parlamentario agrega que “esta comisión hizo presente que la decisión de invertir fuera del país es política y, si bien tiene un componente financiero que es evidente, es imposible soslayar que desarrollar un proyecto de inversión en Argentina tiene un impacto social y que ese impacto es en el patrimonio de Enap. Sobre este punto es importante mencionar que la legislación es insuficiente y es necesario avanzar en atribuciones a la Contraloría para investigar este tipo de inversiones fuera de nuestro país”.

El tercer punto refiere a las renuncias que se sucedieron en la compañía durante el trabajo de la comisión investigadora y la denuncias explícitas que se conocieron en Punta Arenas. Asimismo, se fustigó la posición de ejecutivos que aseguraron que no había nada que investigar, “recordándole al directorio y a la gerencia las palabras de un ex contratista, quien señaló que ‘en todos los contratos que mantuve con la Enap, que fueron tres, me echaron porque no reuní las condiciones, porque tenía que entregar una comisión para poder seguir avanzando, lo que era un pago de honorarios que vendría a ser una corrupción’”, indicó Bianchi.

Fiscal con dedicación
preferente

Por todo lo anterior, los diputados adjuntan una propuesta para ir mejorando punto a punto la situación en la Enap y, junto con ello, solicitan al Ministerio Público un fiscal con dedicación preferente para investigar y ver todas las causas penales que se encuentran en marcha o que se puedan establecer. Asimismo, piden que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte de cada una de las acciones judiciales en curso donde el patrimonio del Estado se vea comprometido. 

Se propone también que la Contraloría General de la República siga el estado de cumplimiento y los procedimientos sancionatorios para determinar las responsabilidades de los involucrados, mencionando en este punto las palabras del contralor general, Jorge Bermúdez, el pasado 12 de septiembre, en cuanto a la pregunta de si el ente que preside tiene facultades para llevar adelante procesos disciplinarios en la Enap. “La respuesta debería ser afirmativa”, concluyó.

Finalmente, se pide a la Unidad de Análisis Financiero abrir una investigación por oficio y se menciona al Presidente de la República para recordarle que “la ley que regula a la Enap señala que todos los chilenos son accionistas de la empresa y que ellos junto al Mandatario deben velar por el buen funcionamiento de la compañía”.

Una relación “desastrosa”

En el cuarto acápite, el informe expone sobre “la desastrosa relación entre los gerentes de Enap y los trabajadores, especialmente los sindicatos. Aquí se deja constancia de violación de derechos laborales, con jornadas excepcionales de trabajo, discriminación arbitraria entre planta y subcontratados, y la existencia de sentencias condenatorias de primera instancia por prácticas antisindicales”.

En otro punto, también se enfatiza en la “deficiente relación entre Enap y las comunidades”, citando a modo de ejemplo la situación de contaminación en Hualpén, en la cual la compañía fue condenada -esta semana en primera instancia- a pagar una indemnización de $3 mil millones, y la causa abierta en la justicia por intoxicaciones masivas vividas a mediados de 2018 en Talcahuano, Quintero y Puchuncaví.

En el cierre, se señala que la falta de transparencia siembra un  manto de dudas en cuanto a las licitaciones y adjudicaciones que ha venido impulsando la estatal, sumándose las denuncias de corrupción y la contratación a honorarios que tuvieron luz verde ante un débil control.