Alcalde de Porvenir clarifica que no hay nada ilegal en la compra de corderos

Frente a la crítica formulada en la edición de ayer de este diario al municipio de Porvenir por la Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego, tras la compra de corderos a un condenado por abigeato para la realización de la reciente edición del Asado Más Grande de Tierra del Fuego, el alcalde José Gabriel Parada respondió a través de un comunicado, clarificando que no hay nada ilegal en esta transacción.

En el texto señala que “en relación a la adquisición de corderos para la actividad Asado de Tierra del Fuego, es preciso señalar: a) La primera opción del municipio fue convocar a licitación pública, la que se sustanció bajo el ID N°3638-4-LE23, la que se declaró desierta, pues según se consignó en el acta de apertura, de las dos ofertas recibidas, ninguna de ellas se ajustaba a los productos requeridos”.

“b) Habiéndose declarado desierta la respectiva licitación pública, se autorizó mediante resolución fundada, a través de decreto alcaldicio N°084 de fecha 27 de enero de 2023, la adquisición de los 180 corderos para el Asado Más Grande de Tierra del Fuego, por un valor total de $13.500.000, con el proveedor Andrés Jorge Gallardo Poll. Cabe destacar que esta adquisición se hizo amparada en la causal de trato directo del artículo 10, número 7, letra l) del Reglamento de la Ley N°19.886”.

Cita que dicha ley reza “que ‘será procedente el trato directo cuando habiendo realizado una licitación pública previa, para el suministro de bienes o contratación de servicios, no se recibieron ofertas o éstas resultaron inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las bases, y la contratación es indispensable para el organismo’, tal y como ocurre en la situación que se generó en el proceso previo iniciado por la Municipalidad de Porvenir”.

Abigeato no es inhabilidad

“c) Respecto a la condena del señor Gallardo Poll por el delito de abigeato, en materia de compras públicas el ordenamiento jurídico fija expresamente las inhabilidades y prohibiciones para contratar con la Administración del Estado, esto en los artículos 4° de la Ley N°19.886; 26, letra d), del decreto ley N°211, de 1973; y 10 de la ley N°20.393, sin que ninguno de estos cuerpos normativos establezcan inhabilidades o prohibiciones para contratar con el Estado por la sentencia de condena a que se hace referencia”.

“En este punto debemos recordar que en materia de compras públicas, rige el principio de libre concurrencia de los oferentes (artículo 9° de la Ley N°18.575), razón por la cual la municipalidad, al fijar las condiciones de la licitación o adquisición, no puede establecer limitaciones o prohibiciones que no se encuentren reguladas por la Ley”.

“Cualquier decisión en contrario -complementa la declaración del jefe comunal fueguino- configuraría una falta para la municipalidad en el proceso y una vulneración a normas legales y principios de trascendencia legal superiores. d) Finalmente, y a mayor abundamiento, es preciso señalar que el proveedor figura, al momento de la adquisición, en estado hábil en el registro de proveedores del Estado, a cargo de ChileCompra”.

“Dicho registro -clarifica la autoridad edilicia- valida que el proveedor se encuentra en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento de la Ley N°19.886, que señala las causales de inhabilidad de los proveedores, sin que el tipo de delito, o eventual condena del Sr. Gallardo, le inhabilite como proveedor del Estado, circunstancia que en caso de ser así es informada por los tribunales a la Dirección de Chile Compra, para incorporar dicha inhabilidad al respectivo registro, cuestión que en la especie no ha ocurrido”.

Finaliza el comunicado del alcalde isleño consignando que “así las cosas, debemos atribuir a un desconocimiento, o llana ignorancia, de quienes anónimamente por redes sociales han generado tan duros juicios en este proceso”. 

La Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego condenó públicamente “este tipo de inconsencuencias por parte de la Municipalidad de Porvenir”, y exigió a “nuestras autoridades electas un trato digno a su población y respeto mutuo al momento de tomar decisiones de esta envergadura”.