Cuatro alcaldes de la Región Metropolitana están bajo amenaza tras anunciar medidas contra la delincuencia

Cuatro alcaldes de la Región Metropolitana han recibido amenazas de muerte luego de anunciar medidas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Uno de ellos incluso cuenta con funcionarios de Protección de Personas Importantes (PPI) de Carabineros.

La estrategia más reciente -y polémica- ha sido la desarrollada por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, con la demolición de las ampliaciones irregulares de viviendas vinculadas a personas investigadas por venta de droga. 

Además de ese jefe comunal, dentro de los afectados está la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y los de Puente Alto y San Ramón, Germán Codina y Gustavo Toro, respectivamente. 

Este último es quien cuenta con PPI desde hace dos años, lo que implica que “en muchas oportunidades no he podido gozar la libertad que cualquier persona tiene”, tras desarrollar trabajos en temáticas de niñez y reinserción, lo que considera que “es el camino para buscar la solución al crimen organizado y al narcotráfico, sobre todo recuperando los espacios”.

“Sin embargo, reconozco que ha tenido un costo alto, que no lo he tenido solo yo: lo pagan también mis seres queridos e hijos pequeños, pero estamos dispuestos a seguir adelante, porque el bien de las personas y la comunidad no pueden esperar”, indicó Toro.

Claudia Pizarro relató que en su caso ha visto como “marcan mi oficina, que me hacen grafitis en términos de amenaza y eso no es gratuito, de verdad los costos son muy altos”: “No es vivir de forma normal, no es fácil, uno se resta de algunas actividades incluso municipales por sentir miedo”, dijo la alcaldesa de La Pintana.

Para la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcaldesa Carolina Leitao, la situación “demuestra que estamos muy expuestos en nuestro trabajo y que se nos debe garantizar la integridad a todos, pues este riesgo lo estamos asumiendo por el ejercicio del cargo, no por opiniones o acciones personales”. 

“Significa que el Estado de derecho debe primar en todos los casos, por eso urge enfrentar el narcotráfico de forma eficiente y efectiva”, señaló la jefa comunal de Peñalolén, agregando que, para ello, “es necesario retomar las medidas del acuerdo de seguridad y procurar que se ejecuten rápidamente o a que su discusión se le de suma urgencia”. 

Investigación de
amenazas contra
autoridades

El fiscal nacional, Angel Valencia, firmó el oficio que crea la Unidad de Investigación de Amenazas contra Autoridades, sean fiscales, jueces, parlamentarios y toda autoridad que tenga un cargo público.

El equipo, que quedó a cargo del fiscal regional sur Héctor Barros, recopilará todas las denuncias de amenazas de ese tipo para luego designar a quiénes desarrollarán la investigación, con una división en la macrozona norte, sur y Región Metropolitana. 

De esta forma se perseguirá a quienes sean imputados de ese delito, para lo que Barros contará con 13 fiscales que trabajarán de manera “cruzada”, recogió La Tercera. Dicho medio detalló que si una amenaza ocurre en el sur, un fiscal de la Región Metropolitana podrá indagarla, para evitar que el persecutor del caso sea amedrentado.