Políticas de Igualdad de Género en Educación Superior: un hecho consumado

Este año y en el recién pasado 8M, la Universidad de Magallanes lanza su primera Política de Igualdad de Género y Diversidades Sexuales. Este documento, elaborado durante más de un año con la participación de diversas mujeres académicas, funcionarias, administrativas y estudiantes, constituye un hito a nivel institucional en la necesidad de establecer mecanismos que permitan enfrentar las desigualdades de género al interior de las Universidades. Por otro lado, acciones como éstas reflejan un cambio profundo en la manera de concebir la gestión universitaria que, sin duda, no estarán exentas de obstáculos y críticas, pero, significarán un pilotaje inédito en la tarea de “practicar la igualdad de género” en la educación superior pública. 

Dicha experiencia se iniciará con la creación de un Plan de Igualdad. Es la oportunidad para desarrollar estrategias que fortalezcan la inserción de la perspectiva de género, incluso, en todas las áreas y servicios públicos de la región, pues también será la oportunidad de planificar con sentido de contexto y pertinencia local. 

La transversalización de la perspectiva de género en organizaciones de alta complejidad como las universidades y la operacionalización de las Políticas de Igualdad de Género a través de sus distintos planes de acción son un desafío que atraviesa no sólo el modelo educativo y su gestión, sino que exige una revisión interna a nivel práctico y simbólico sobre las relaciones de género y por ende de poder, análisis que genera infinitas resistencias. En este sentido, instrumentos como éstos son importantes, ya que señalan objetivos concretos y principios claros para superar las brechas de género. 

Las Políticas de Igualdad de Género en educación son verdaderamente recientes, hasta hace muy pocos años se contaba con un exiguo número de ellas, aun cuando las experiencias tanto en Chile como en Latinoamérica, indican que el crecimiento de los estudios feministas han sido claves en el cuestionamiento sobre la inserción de mujeres a la educación universitaria y aquí no hablamos sólo de acceso, sino además de desarrollo. En virtud de todos estos antecedentes, es que las políticas de esta índole marcan una guía para transitar de la perspectiva al enfoque de género. Con ello, la comunidad universitaria y, asimismo, la regional se verán beneficiadas, ya que el rol formativo y también social de una universidad regional impacta y atraviesa múltiples ámbitos. 

Atrás, aunque no lo suficiente, quedaron esas primeras mujeres que accedían a las universidades acompañadas de sus madres o apuntando notas tras un biombo. Hoy asistimos a una urgencia en relación no sólo a la situación de las mujeres que, en sí, son heterogéneas, sino que también de las disidencias y diversidades sexuales. En estos últimos cinco años, las instituciones de educación superior pública han comprometido siete acciones básicas para la creación de Políticas de Igualdad de Género. En relación a ello, el avance ha sido notable, sin embargo, queda un largo camino por recorrer. Lo importante es que la discusión en materia de género en los espacios universitarios ha pasado de la teoría a la praxis instalándose en la agenda pública como un hecho real, justo y necesario.