Royalty minero será ley y repartirá $392 mil millones entre las regiones

Tras casi cinco años, el Congreso terminó de aprobar y despachó a ley el proyecto que establece una compensación en favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, conocida como “royalty minero”, y que estima recaudar recursos equivalentes al 0,45% del Pib.

Luego del importante paso que dio la iniciativa en el Senado la semana pasada, la Cámara de Diputadas y Diputados votó ayer, en tercer trámite, y apoyó las modificaciones con una mayoría transversal: 101 a favor, 24 en contra y 3 abstenciones.

Otros seis artículos que requerían quórum especial o para los que se solicitó votación separada, obtuvieron entre 92 y 108 apoyos y también vieron luz verde.

El gobierno de Gabriel Boric, que promovió la tramitación con decenas de urgencias, destacó que el nuevo impuesto a la gran minería, cuando la ley entre en régimen, “permitirá que más de 390 mil millones de pesos se distribuyan entre el 89% de las comunas más necesitadas del país”.

El proyecto fue ingresado en septiembre de 2018 por un grupo de diputados del actual oficialismo. Desde el 2021 el texto permanecía en el Senado, que lo despachó recién el miércoles pasado, gracias a varias modificaciones y a un acuerdo con el Ejecutivo que apunta a dar mayores certezas y lograr un equilibrio entre conseguir una mayor recaudación y beneficios para las regiones sin desincentivar la inversión minera.

La aprobación final en la Cámara Baja fue celebrada por el gobierno y el oficialismo en la Sala y en redes sociales, donde relevaron que el royalty busca avanzar “en más desarrollo y descentralización” en el país.

Mejor distribución
de la riqueza

“¡El royalty minero será Ley! Gracias a un acuerdo transversal, aprobamos un proyecto que permitirá distribuir mejor la riqueza que generamos entre todas y todos. Avanzamos en descentralización y en la entrega de más recursos para todas las regiones de Chile”, valoró el Presidente Boric en Twitter.

La veintena de rechazos provino de la oposición, principalmente de las bancadas del Partido Republicano y de la Udi.

La iniciativa deroga el Impuesto Específico a la Actividad Minera, de manera tal que desde ahora la tributación de la minería pasará a estar regulada por un cuerpo legal propio.

En este nuevo marco se contempla una carga tributaria potencial máxima de 46,5% a la gran minería con ventas anuales de más de 80 mil toneladas métricas y de 45,5% para aquellas operaciones con ventas anuales entre 50 mil y 80 mil toneladas métricas de cobre fino (TMCF). En ambos casos, dicho límite se calculará sobre la renta imponible operacional minera ajustada (Rioma).

Además, se crean tres fondos destinados a los gobiernos regionales y las comunas mineras por un total de 450 millones de dólares (Fondo a Comunas Mineras, Fondo de Apoyo de Equidad Territorial, y Fondo Regional de Producción y Desarrollo). Para las comunas mineras se desglosan un total de 55 millones de dólares que se distribuirá entre los gobiernos regionales y municipios del país.

También se dispone un impuesto ad valorem de un 1% a aquellos productores de más de 50 mil toneladas métricas de cobre fino al año.

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