Pago de bonificación de Ley Navarino
Las leyes de excepción fueron establecidas para generar un sistema de bonificaciones, subsidios y beneficios tributarios que alentara la instalación de empresas e industrias en zonas apartadas, como lo es Magallanes. Estas normas se han ido sumando en la medida que se han considerado aquellos casos que más ameritan incentivar la llegada de recursos privados y la activación del mercado laboral.
Pero, estos instrumentos han estado, de tanto en tanto, bajo cuestionamiento, cuando se ha tenido a la vista la ingente cantidad de recursos que el Fisco destina a un grupo relativamente reducido de empresas. Sobre todo, a la hora de considerar aquellas que realmente pueden usufructuar de normas como la Ley Austral y la Ley Navarino.
En estos casos, se ha medido el real impacto que han tenido estas normas y, en no pocas situaciones, se ha llegado a colegir que éste no ha sido tal o, al menos, no ha sido tan determinante a la hora de dinamizar las economías locales e impulsar el crecimiento económico.
Igualmente, los cuestionamientos han surgido frente a situaciones de abuso, al relevarse casos en que las empresas han defraudado al Fisco, presentando informes amañados y abultando, entre otros, los montos de supuestas inversiones y/o producción, a fin de obtener mayores beneficios.
Este cuadro ha llevado a que en distintos gobiernos surjan expertos que han aconsejado derogar las leyes de excepción, gatillando con esto una fuerte resistencia en Magallanes.
Entre todos estos instrumentos, particularmente engorrosa se ha tornado a ratos la forma en que ha estado operando la Ley Navarino, pues en los últimos años han sido varias las empresas que han estado denunciando una excesiva demora en el pago de esta bonificación.
Esto ha llevado al senador Kusanovic a solicitar al ministro de Hacienda y al Tesorero General de la República que instruyan agilizar los procesos a fin de viabilizar la cancelación oportuna de este beneficio, ajustándose a los plazos establecidos en la normativa vigente. Ha denunciado que hay contribuyentes que llevan más de un año esperando el pago solicitado.
La norma establece en forma expresa que la Tesorería debe pagar la bonificación en el plazo de 5 días contados desde la presentación de la solicitud y que se acredite el cumplimiento de las obligaciones señaladas.
Esta excesiva demora va en contra del espíritu que animó al legislador al momento de plantear estas leyes. Las excesivas trabas administrativas desalientan la inversión, contraviniendo el principio de fomento que cruza a cada uno de estos instrumentos.
