Caso “convenios” y los efectos en Magallanes

La atención pública y la de los medios de comunicación ha estado centrada en las últimas semanas en el denominado “caso convenios”. Se trata de una situación que mantiene horquillado al gobierno de Boric, cayendo el viernes el seremi del Minvu del Maule. Así, Rodrigo Hernández (RD) se transformó en el tercer miembro del Ejecutivo que tuvo que dejar su cargo pese a la defensa inicial del propio Mandatario.

Lo precipitado en las últimas horas lleva a establecer que fue apresurada la defensa que realizó el Presidente, la que, obviamente, debió haber influido en que la salida de Hernández no se hubiera resuelto antes.

Así, parecieron más lógicas las primeras declaraciones de Boric cuando dijo públicamente que no ponía las manos al fuego por nadie. Pero, al inmiscuirse públicamente en este caso puntual, dio un paso en falso y se equivocó. Cualquier político con mayor experiencia hubiera sopesado que, cuando están en juego la transparencia y probidad en el uso de los recursos públicos, no pueden haber defensas corporativas ni inclinaciones ideológicas. 

Ante fuertes cuestionamientos -que se están realizando a lo largo del país y que podrían derivar en otras denuncias fundamentadas-, el Jefe de Estado debe tomar distancia para dar garantía de imparcialidad y seguridades de que su gobierno hará cumplir la ley y apoyará a ultranza la marcha de los administrativos, las fiscalizaciones de los organismos contralores pertinentes y eventuales presentaciones ante la justicia.

Está claro que el gobierno sólo se “librará” de esta polémica en la medida que apueste por la total transparencia, que no ceda a la tentación de la teoría del empate y que resuelva rápida y oportunamente todas aquellas situaciones en que funcionarios nombrados por esta administración se vean envueltos en denuncias que tengan asidero.

Magallanes no ha estado ajena a esta polémica y ésta ha servido para que, principalmente, sectores de la derecha tiren dardos contra las fundaciones y agrupaciones que reciben recursos del Estado. Nadie niega el derecho que tiene todo ciudadano de denunciar y el deber que tienen parlamentarios y consejeros regionales de fiscalizar, pero no resulta justo hacer acusaciones amplias o sembrar dudas sobre todas las entidades que postulan a concursos públicos y/o presentan proyectos para recibir aportes directos.

Las arcas fiscales deben ser cuidadas y, por ello, se tiene que evitar que haya malversaciones o asignaciones abultadas que sólo busquen el enriquecimiento rápido de algunos directivos de estas fundaciones, siendo que estos traspasos se realizan, entre otras consideraciones, porque son entidades sin fines de lucro y porque, así, se agiliza que esos recursos del Estado se traduzcan en beneficios concretos y lleguen más rápido a quienes lo necesitan.