Consejeros piden al gobierno regional auditoría para transparentar las asignaciones directas
Desarrollar una auditoría que permita disipar dudas respecto, principalmente, de las asignaciones directas, pidió un grupo de consejeros regionales al gobierno regional encabezado por el gobernador Jorge Flies.
El tema fue llevado ayer a la mesa de sesión del Core, donde se discutió latamente la necesidad de fiscalización para atender la situación generada a nivel nacional y que en Magallanes también ha traído cuestionamientos públicos a organizaciones sociales que han recibido aportes directos de parte del gobierno.
Fue el consejero Andrés López quien dio lectura a la solicitud que lleva su firma y la de sus colegas Ximena Montaña, Patricio Gamín, Pablo Cifuentes, Antonio Bradasic, Antonio Ríspoli, Miguel Sierpe, Rodolfo Cárdenas y Víctor Pérez.
En ésta, se indica que el Consejo Regional es la máxima expresión de la institucionalidad administrativa de la región, encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía que reside en nuestro vasto territorio y para lo cual posee facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras, “Precisamente esta última, la facultad de fiscalización dentro del ámbito de la competencia de los gobiernos regionales, está reservada por mandato constitucional y legal, en forma exclusiva y excluyente al Consejo Regional como órgano pluripersonal. Es decir, solamente es el pleno de Consejo, en el marco de una sesión, quien puede sancionar un “acuerdo de fiscalización”. Las consejeras y los consejos regionales individualmente considerados, solamente podemos solicitar información por medio del presidente del Consejo Regional, ello en el punto de solicitud de documentos u oficios, lo que no es lo mismo que fiscalizar en los términos que nos señala la ley. Así, en un estado democrático como es el nuestro, nadie puede arrogarse otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.
Detallado lo anterior, se señaló que teniendo presente la contingencia nacional de las últimas semanas a causa o con ocasión del conocimiento de una serie de antecedentes que generan dudas respecto de procedimientos entre agentes del Estado e instituciones privadas sin fines de lucro y, por otro lado, a nivel regional, el malestar de una serie de actores del mundo social y del voluntariado, respecto de expresiones publicadas en redes sociales y en los medios de comunicación local, que ellas y ellos consideran injustas y ofensivas, hace necesario iniciar una acción de fiscalización propiamente tal por el Consejo Regional, con el fin de activar los canales institucionales pertinentes que permitan despejar cualquier duda a este respecto”.
Durante tres períodos
La moción de fiscalización refiere a una auditoría interna a las iniciativas financiadas con recursos del 6, 7 y 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), específicamente asignaciones directas otorgadas por el órgano ejecutivo del gobierno regional, en todas las líneas de financiamiento durante tres periodos distintos: del 1 de enero de 2021 al 13 de julio del mismo año, durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y la administración regional de la ex intendenta Jennifer Rojas; del 14 de julio de 2021 al 10 de marzo del mismo año, y del 11 de marzo de 2022 al 30 de junio de 2023, ambos bajo la Presidencia de Gabriel Boric y la administración local del gobernador Jorge Flies.
Dicha auditoría, expusieron los consejeros, debe en lo concreto responder a tres preguntas: ¿Se ajustó el Gore a los procedimientos y normativa establecida para adjudicar las iniciativas seleccionadas y los convenios celebrados en los periodos auditados? ¿Cuenta el gobierno regional con mecanismos efectivos de control que le permitan asegurar la correcta ejecución de las iniciativas adjudicadas y de los convenios celebrados? ¿Verificó el Gore la correcta ejecución de las iniciativas de asignación directa adjudicadas durante los periodos auditados y respecto de los convenios celebrados?
Tras la presentación y el debate de rigor, de acuerdo con lo establecido, lo presentado ayer marca el inicio del procedimiento, el que continúa con el ingreso a la comisión de Régimen Interior para levantar la moción que luego deberá ser votada en nueva sesión del Consejo Regional.
Entre discusiones,
cuestionamientos y precisiones
“A mi parecer aquí sí hubo irregularidades, a mi parecer sí hubo incumplimientos de resoluciones que usted mismo firmó señor gobernador, especialmente con una fundación que hoy está altamente cuestionada”.
Lo anterior fue parte de lo manifestado ayer en sesión del Consejo Regional por el core Alejandro Riquelme Ducci, quien enfatizó que aún habiendo rendiciones pendientes se procedió a asignar recursos a la organización Procultura “que está altamente cuestionada desde Aysén a Arica”, razón por la cual dijo que había efectuado la semana pasada una presentación en Contraloría.
En respuesta, el propio gobernador Jorge Flies le pidió a Riquelme “ser más preciso con los vocablos, porque ante irregularidades la Contraloría inicia sumarios o investigación sumaria y aquí ha hecho observaciones”.
Cautela con el lenguaje
En la discusión intervino también el consejero Pablo Cifuentes, quien sostuvo que “es importante insistir en un punto… Me parece que es importante ser siempre cuidadosos y cautelosos con el lenguaje, porque el lenguaje construye realidades y cuando nosotros constantemente estamos hablando, por ejemplo, de irregularidades, de ilegalidades, cuando no tenemos aún, y no lo descartó, pero no existe aún una prueba fehaciente que diga que tenemos una ilegalidad o se está cometiendo un delito… Aquí tiene que haber un procedimiento que así lo determine, y si tenemos una legítima sospecha, bueno, disponemos de canales institucionales para despejar esas dudas y me parece que es lo que estamos haciendo ahora”.
Agregó que es bueno decir las cosas correctamente, “tenemos dudas, tenemos los canales, pero no vengamos aquí a decir cualquier cosa…Nosotros como Consejo tenemos una responsabilidad importante que es trabajar para que las cosas funcionen de la mejor manera posible, pero andar ventilando situaciones en los medios de comunicación es instalar verdades que no son tales, y finalmente ponemos en cuestionamiento la fe pública y el funcionamiento de las instituciones, y eso es grave porque pone en peligro nuestra democracia”.
Llamado a no amedrentarse
Por su parte, la consejera Ximena Montaña lamentó que se sembrara un manto de dudas de manera arbitraria al actuar de las organizaciones de la sociedad civil, más aún “sin tener ningún antecedente formal que pueda evidenciarlo, me parece que eso es injusto. Las personas presentes hacen un trabajo voluntario y desinteresado entregando tiempo y varios esfuerzos por mejorar la vida de los otros”. Reconociendo aquello, pidió a los dirigentes y voluntarios no sentirse amedrentados, “porque juegan un rol fundamental para el tejido social de Magallanes”.
Finalmente, el gobernador Jorge Flies lamentó profundamente el hecho de que “personas inescrupulosas abusen de los fondos públicos. En ese aspecto, mencionar que dentro de las acciones priorizadas para el proceso de auditoría interna, tal como lo conversamos, estará con focalidad en el 8% y seguro por petición de los consejeros vamos a ampliar aquello”.
Al término de la sesión, el consejero Alejandro Riquelme fue encarado por representantes de diversas organizaciones sociales, quienes fustigaron su actuar y le lanzaron gruesos epítetos tras mantener un breve diálogo al interior de la misma sala de sesiones.