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  • Lorenzo Barrientos Vito

Fiscalía pedía prisión para venezolana indocumentada que cobró por servicios sexuales no otorgados

Miércoles 12 de Julio del 2023

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La fiscal de Natales, Lorena Carrasco, no consiguió dejar en prisión a una ciudadana de nacionalidad venezolana, formalizada por amenazas de muerte con cuchillo.

Esto nace por un incidente que se produjo con un hombre que declaró en Carabineros haber cancelado 30 mil pesos a la mujer por “servicios sexuales”, que no recibió.

El sujeto acudió al domicilio pactado y por más que golpeó la puerta, insistentemente, nunca le abrieron

El cliente dijo a personal de la Segunda Comisaría de Puerto Natales que concurrió a dicho lugar con la finalidad de solicitar servicios sexuales a la mujer extranjera, a quien pagó por lo anterior.

Sin embargo, al recibir el dinero le habría dicho al hombre que se vaya. Esto provocó una discusión muy acalorada entre ambos y en esos momentos la fémina tomó un arma blanca y amenazó de muerte al sujeto. “¡Si no te vas te entierro el cuchillo!”, le dijo, apoyando la hoja en el pecho.

Frente a la decidida actitud de la mujer, el hombre optó por salir al exterior y llamar a Carabineros.

La mujer fue detenida y formalizada por el delito de amenaza de muerte con arma blanca. Además fue denunciada porque no tiene cédula de identidad, por lo que su situación migratoria fue denunciada al Servicio Nacional de Migraciones.

La fiscal pidió la prisión por estimar que la imputada es autora del delito consumado de amenazas, “y además no cuenta con documentos de identificación que acrediten su identidad, tratándose entonces de una persona extranjera indocumentada”.

Por eso solicitó la prisión por el peligro de fuga, porque posee la calidad de migrante irregular que participó en la comisión de un delito.

Como la jueza Marianela Chacur rechazó acceder a la prisión, la fiscal apeló ante la Corte de Apelaciones, pero la sala constituida por la ministra María Isabel San Martín, el ministro (s) Claudio Jara y Sintia Orellana, abogada integrante, confirmaron la resolución de primera instancia adoptada el pasado 2 de julio.

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