Acusación constitucional y educación

Con 78 votos en contra y 69 a favor, la Cámara de Diputados rechazó ayer la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Avila.

Luego de casi seis horas de debate, el libelo fue refutado, gracias, entre otros, al respaldo que obtuvo esta postura contraria de parte de Evópoli y la DC.

Lo cierto es que, más allá de que algunas partes de la acusación hayan tenido o no cierto asidero, ésta se cruzó con cuestionamientos que no tenían ningún nexo con el desempeño del ministro y aquello permitió al oficialismo acusar de homofobia a quienes apoyaban la presentación en contra del secretario de Estado.

Parte de la estrategia de la defensa del ministro fue descartar deducir la denominada cuestión previa y pasar de inmediato a la votación del libelo. Igualmente jugó a favor de su situación el alineamiento de los cuatro parlamentarios DC, en medio de negociaciones para que este bloque lidere la mesa de la Cámara Baja.

Pero, más allá de estas acusaciones y vericuetos de la política nacional, cabe remarcar que éste es el cuarto traspié que tiene la oposición en términos de acusaciones constitucionales.

Pareciera que ha llegado el momento de reflexionar si ha habido un abuso de esta herramienta y si estamos en la hora de morigerar los tonos y que aquel sector que ha pensado sacar provecho de este tipo de acusaciones se allane a entrar en una dinámica más constructiva para el país. Ello, obviamente, sin resignar el rol fiscalizador que, entre otros, tienen los diputados.

Lo mismo se debe pedir al Colegio de Profesores, entidad gremial que, pese a haber sido muy crítica a la gestión de Avila, celebró ayer que se haya rechazado el libelo presentado en su contra, al estimar que éste no tenía fundamentos sólidos y que las motivaciones eran realmente inaceptables.

La educación chilena presenta graves problemas y los esfuerzos del ministro y de todos, incluidos el Magisterio y nuestros parlamentarios, deben centrarse en que se desarrolle normal y exitosamente el proceso de traspaso de la enseñanza municipal a los Servicios Locales de Educación Pública y que se realicen las inversiones necesarias para que todos los establecimientos del país, con acento en las regiones más extremas y las zonas rezagadas, cuenten con los elementos necesarios para acoger de buena manera a los educandos, sin importar su condición socioeconómica.

En Magallanes, por lo pronto -de no mediar una nueva prórroga-, la enseñanza municipal quedará bajo la dependencia del Slep a partir del 1 de enero del próximo año y ello demanda mucho esfuerzo, coordinación, adecuaciones y materializar una fuerte inversión pública.

Los recientes resultados Simce y otras mediciones siguen dando cuenta de que el sistema chileno dista mucho de asegurar un acceso igualitario a una educación de calidad a todos los niños, niñas y adolescentes. Más allá de salvar ahora la acusación constitucional, este debería ser el imperativo del ministro, los profesores, los legisladores y las familias.