Listas de espera y la necesidad de fortalecer el servicio de salud pública
Nuevamente resulta poco auspiciador el panorama en el ámbito de la salud y uno de los problemas endémicos: las listas de espera.
El último informe emitido por el ministerio de Salud reconoció que los registros siguen siendo altos, pese a los esfuerzos desplegados por aumentar el número de pabellones y extender los horarios de atenciones.
Pero, una vez más, se buscó dar una señal de que estos esfuerzos están comenzando a dar resultados al hacer hincapié en la disminución del tiempo de espera.
No obstante, las cifras hablan por sí solas. A nivel nacional más de diez mil pacientes que estaban en una lista de espera murieron aguardando su atención entre enero y abril de este año.
Claro, algunos dirán que los números eran mayores poco más de un lustro atrás, pero también ha crecido la inversión pública en salud y cada año se renuevan los planes para reducir las nóminas de gente que requiere una consulta médica de especialidad, una intervención quirúrgica, un tratamiento u otra atención de salud. El único atenuante fue el excepcional momento vivido durante la pandemia, que obligó a concentrar los servicios en salvar la vida de las personas contagiadas.
En Magallanes, el último informe especificó que 213 personas fallecieron esperando una prestación médica entre enero y abril de este año. Se trata de casos que no están bajo el sistema de Garantías Explícitas en Salud.
Queda claro que sigue siendo urgente fortalecer el sistema de salud pública, pero también el vínculo con la red privada, a fin de que el Estado garantice que los habitantes del país, sin importar dónde vivan ni qué situación socioeconómica ostenten, accedan a las prestaciones de salud en forma expedita y sin discriminaciones. Igualmente necesario es que todos tengan el beneficio de contar con acciones preventivas y diagnósticos oportunos.
En nuestra región, por lo pronto, las máximas autoridades y todas aquellas jefaturas del sector, así como los colegios de la orden, tienen la gran responsabilidad de actuar, pues debe resultarles inaceptable que los magallánicos sigan muriendo producto de no tener un acceso a diagnósticos, controles médicos, cirugías o tratamientos oportunos.
