Corporación Municipal ha debido pagar más de $300 millones por mala gestión administrativa

Más de 300 millones de pesos por concepto de multas, ha debido desembolsar la Corporación Municipal de Punta Arenas en el periodo que va del 1 de enero de 2016 al 2 de julio de 2023.

Lo anterior tiene que ver con situaciones administrativas detectadas, cursadas y emitidas durante fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo, de acuerdo con la información que manejan los departamentos de inspección y estudios de la misma entidad.

Consultado al respecto, el concejal José Becerra dijo que resulta lamentable y grave que por “errores” administrativos se vean trastocadas las menguadas arcas de la Corporación Municipal y que aquello es sólo un elemento que explica la situación financiera que, de no ser por la entrega de recursos establecidos y extras por parte del municipio, hace tiempo habría terminado con el cierre de este ente responsable de la educación, salud y menores de Punta Arenas.

Agrega que cuesta entender cómo una situación que pudiera darse de manera puntual, termina siendo una constante, enfatizando que, incluso más allá de los montos, hay que observar que durante el 2016 se cursaron 17 infracciones; en 2017 un total de 18; en 2018 se llegó a 13; siguiendo con 20 en 2019; 12 en 2020; 26 en 2021; 16 en 2022; y tres en lo que va del presente año. La suma indica que desde marzo de 2016 a la fecha se han cursado 125 infracciones que totalizan $331.040.096. “Esto nos parece extremadamente grave y habla de la mala  gestión que se ha venido desarrollando durante dos periodos de la misma administración”, puntualiza Becerra.

Lo más recurrente

En el detalle, algunas de las multas más recurrentes dan cuenta de infracciones por “no exhibir todas la documentación necesaria para efectuar la labores de fiscalización”; “no informar a los trabajadores de riesgos laborales”; “no otorgar la titularidad en el cargo profesional de la educación”; “no escriturar contrato de trabajo”; “no comparecer a citación de la Dirección del Trabajo”; “no contener en el reglamento interno un registro que consigne los diversos cargos o funciones en la empresa”; y “llevar un registro de asistencia ilegal”.

En cuanto a montos, las multas más onerosas corresponden a 60 UTM ($3.795.780), siendo la más reciente la cursada el pasado 15 de marzo, que corresponde al monto señalado, pero que se encuentra en etapa de reconsideración. Esta, tiene que ver con “la instrucción de un sumario administrativo a profesional de la educación sin el procedimiento legal de la Ley Nº18.883”, que establece el estatuto administrativo que se aplica a los funcionarios municipales.