Crisis de probidad y la propuesta del Consejo para la Transparencia

La crisis de probidad y credibilidad que ha desatado el caso “convenios” ha llevado a representantes de la derecha a tomar esta bandera para atacar duramente al gobierno y enrostrarle su mal pretendida superioridad moral, esgrimida desde su instalación en marzo del año pasado.

Mientras sigue en la mira el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se ha visto una acción concertada de parlamentarios y partidos políticos para seguir colocando el dedo en esta herida provocada desde el mismo frente interno.

A nivel regional, esto ha llevado a algunos consejeros regionales a hincar el diente en la atribución que tiene el gobernador de asignar recursos directos sin pasar por la aprobación del Consejo Regional y por montos que pueden bordear los 400 millones de pesos. 

Si bien este tipo de fiscalizaciones es pertinente y necesaria, en todo lo anterior se aprecia un ensañamiento que busca, claramente, réditos políticos.

En contraposición a esto, también se han levantado propuestas con un carácter más  constructivo, como el proyecto de acuerdo impulsado por el senador Kusanovic en la Cámara Alta para crear una plataforma digital que permita transparentar el uso de los fondos públicos.

Igualmente, el Consejo para la Transparencia tomó la iniciativa y envió al Presidente Boric y al Congreso una lista de medidas y reformas pro transparencia y anticorrupción.

En suma, este consejo quiere crear un sistema integral de transparencia, que asegure el control de todos los órganos del Estado. Esto incluye ampliar las obligaciones en este ámbito a instituciones que reciben recursos públicos, como corporaciones, fundaciones, empresas municipales, universidades privadas, que en la actualidad no se mencionan explícitamente en la Ley de Transparencia.

Una reciente encuesta arrojó que casi un 50% de los consultados ya no cree que la democracia sea la mejor forma de gobierno y de organización del Estado. Ello, en cierta medida, se debe a los hechos que se han estado conociendo en las últimas semanas, que han dejado al descubierto no sólo falencias y aprovechamiento de los resquicios legales, sino, en varios casos, verdaderas faltas a la probidad y ánimo de apropiación indebida de recursos públicos. Todo esto ha dañado la fe pública.

La democracia es un bien supremo. Todo lo ocurrido debe ser tomado como una verdadera oportunidad para abordar lo sucedido proponiendo cambios estructurales y acciones efectivas pro probidad, a fin de cerrar espacios a las irregularidades y prevenir que situaciones similares vuelvan a ocurrir.