Descentralización y el necesario diálogo para transferir las competencias

Ya se han cumplido dos años desde que, en virtud de enmiendas constitucionales y legales, asumieron los primeros gobernadores regionales elegidos popularmente.

Ello fue posible gracias a las referidas modificaciones que permitieron que la figura de gobernador regional reemplazara a la de intendente como cabeza del gobierno en cada región. En forma simultánea, se creó el cargo de delegado presidencial, quien debe representar al Primer Mandatario en cada región.

Así, el 14 de julio de 2021 asumieron en todo el país los gobernadores electos por la ciudadanía, lo cual ha sido estimado como uno de los pasos más importantes para el proceso de descentralización. 

Sin embargo, este proceso también ha tenido bemoles y se ha encontrado con escollos y/o temas que deben ser resueltos, vía acuerdos políticos, cambio de normas o, derechamente, crear una jurisprudencia. 

Así, la descentralización impone debatir sobre la institucionalidad e intercambiar ideas y experiencias sobre el procedimiento de transferir poder desde el nivel central a los gobiernos regionales, la forma en que estas competencias transferidas se han comenzado a ejercer y cómo el aparato administrativo se va adaptando a todo ello.

En este camino, ha quedado en evidencia cierto desequilibrio entre las regiones, pues no todos los gobiernos regionales han tenido la misma capacidad ni celeridad de solicitar tales transferencias. Entre otros aspectos, se ha expuesto el desigual concurso del capital humano y ciertas incapacidades.

Esto lleva a pensar que será necesario aumentar tales capacidades y formar cuadros en aquellas zonas en que se presentan más falencias.

Magallanes es una de las regiones que ha liderado este proceso de solicitud y adjudicación de las referidas competencias, imponiendo al ejecutivo regional estar a la altura de las nuevas atribuciones. 

A raíz del caso “convenios”, se tiene que poner acento también en que todo esto se cruza con otros grandes temas: la transparencia y el control y la fiscalización del uso de los recursos públicos.