“Los controles sobre el uso de los recursos públicos siempre deben existir y perfeccionarse”

• Christian García indicó que el referido oficio reitera y complementa instrucciones respecto de convenios celebrados entre reparticiones públicas y entidades privadas.

Como resultado de la polémica suscitada en torno al caso “convenios” y para limitar el mal uso de los recursos públicos, el Ministerio de Hacienda resolvió elevar las exigencias a las reparticiones públicas en los procesos de transferencias de recursos hacia instituciones privadas y emitió un oficio, el cual fue distribuido el viernes pasado.

Al respecto, el administrador del gobierno regional, Christian García, señaló que se trata de un instructivo que reitera y complementa instrucciones respecto de convenios celebrados entre entidades públicas e instituciones privadas.

“Mi opinión es que los controles siempre deben existir y perfeccionarse. De hecho, el proyecto de ley de “Regiones más Fuertes” trae todo un capítulo referido a mejores controles, mayor transparencia y reforzar la responsabilidad y la probidad. Incluso el proyecto de ley contempla la intervención del gobierno regional o la destitución del gobernador ante el incumplimiento de ciertas reglas de manejo presupuestario y equilibrio fiscal”, hizo ver García.

El oficio de Hacienda

En el oficio circular Nº20, el ministro Mario Marcel ordenó que se soliciten garantías de, al menos, el 5% a las entidades receptoras de recursos públicos por convenios superiores a 500 UTM. Ello, para velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acuerdo.

Este instructivo se remitió a 289 reparticiones públicas, entre las que se encuentran los gobiernos regionales.

“Estas instrucciones son aplicables tanto a convenios que establezcan transferencias a instituciones privadas, tanto en los casos en que éstas sean beneficiarias finales de los recursos, como en la situación en que actúen como entidades ejecutoras o administradoras de recursos, cuyo beneficiario sea un tercero”, señala el documento.

También se recuerda que los servicios tienen la obligación de utilizar el sistema de rendición electrónica de cuentas de la Contraloría General de la República, plataforma que puede ser usada tanto por organismos estatales como por entidades privadas.

Otro recordatorio se refiere a la obligación de acreditar antigüedad y experiencia de dos años de las instituciones privadas, en línea con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto 2023. De igual forma, exige chequear su objeto social.

Sólo se permitirá la subcontratación para actividades que no constituyan el objeto principal del acuerdo, por lo cual estipula que “las actividades deberán estar claramente precisadas en el convenio”.

Prohíbe fraccionamiento

El Ministerio de Hacienda dispone que queda absolutamente prohibida la práctica del denominado “fraccionamiento”, es decir, el resquicio de dividir los montos asignados, de tal manera de que no requieran un filtro previo de Contraloría.

Así, se prohíbe fraccionar en distintos convenios la asignación de recursos de una misma institución privada cuando el destino apunte al mismo objetivo tanto a nivel regional como nacional y cuando provengan, además, de igual asignación o programa presupuestario.

“En cada convenio que se suscriba, la institución privada de los recursos deberá indicar cualquier otro convenio que haya suscrito con la Administración, y que se encuentre vigente, en virtud del que se hayan percibido recursos públicos”, apunta el oficio.

Analizan marco normativo sobre transferencias de recursos de los gobiernos regionales

Un detallado análisis realizó la Comisión de Hacienda sobre el marco normativo, especialmente en la Ley de Presupuesto, sobre las transferencias de recursos de los gobiernos regionales. En la oportunidad, el ministro de Hacienda, Mario Marcel y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, respondieron diversas inquietudes en el marco de los denominados casos convenios.

En esa línea, se expusieron los procedimientos adoptados en los últimos meses, respecto a las exigencias a las instituciones privadas para firmar convenios con los gobiernos regionales; el rol del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y la actualización del Registro de Receptores de Fondos Públicos, entre otras.

El senador Ricardo Lagos, presidente de la instancia, aseveró que “es bueno conocer cuándo y cómo ocurrieron los cambios en los procedimientos de los traspasos y que derivaron en los escándalos que hemos conocido a través de la prensa. Esto, no excluye las faltas individuales y los problemas que existen en los procedimientos, pues sabemos que un porcentaje importante de los presupuestos se ejecutan en el último trimestre del año”.

Junto con anticipar que la instancia continuará el análisis de estos temas en el marco del próximo ingreso de la Ley de Presupuesto, recordó que fue uno de los que advirtió en su momento que “junto con darle mayor fuerza a las regiones se deben contar con sistemas de gestión y controles, más rigurosos”.