Nuevo instructivo de Hacienda sobre celebración de convenios

El viernes pasado, 289 reparticiones públicas, entre ellas los gobiernos regionales, recibieron el oficio Nº20 del Ministerio de Hacienda,  como resultado de la polémica suscitada en torno al caso “convenios” y todas las anomalías expuestas en la transferencia de recursos a diversas entidades privadas.

En la referida circular, Hacienda reitera instrucciones y complementa lo referido a los convenios y actos celebrados por la administración pública con instituciones del mundo privado.

Parte recordando la obligación que existe para que toda repartición aplique las reglas generales de la contratación, que se relacionan con seleccionar a los receptores privados mediante un procedimiento concursal, incluidos los casos de asignación directa. Igualmente, se remarca el deber de suscribir convenios a la hora de efectuar dichas transferencias.

Se recuerda el uso del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas de la Contraloría General de la República y la obligación de exigir garantía para toda transacción por montos superiores a 500 UTM, las que deberán ascender a un mínimo del 5% del monto total del convenio.

Otro recordatorio se refiere a la obligación de acreditar antigüedad y experiencia de dos años de las instituciones privadas, en línea con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto 2023. De igual forma, exige chequear su objeto social.

Para limitar los rangos de eventuales vulneraciones y mal uso de los recursos públicos, Hacienda prohíbe absolutamente la fragmentación de los montos asignados y también exige a las entidades privadas indicar cualquier otro convenio que haya suscrito con la Administración, y que se encuentre vigente, en virtud del que se hayan percibido recursos públicos.

En medio de todo el cuestionamiento abierto en torno al manejo de los recursos por parte de los gobiernos regionales, Hacienda puntualiza que este instructivo es totalmente aplicable a ellos, debiendo éstos y todo funcionario público velar porque la celebración de cualquier convenio cumpla todo lo expuesto en tal oficio e instructivos anteriores.

La responsabilidad fiscal y la probidad son elementos esenciales y deberán ser prioritarios para todas las administraciones regionales, mucho más cuando -producto del caso “convenios” y del propio proceso de traspaso de competencias- los gobiernos regionales están en la mira no sólo de los consejeros regionales y parlamentarios, sino de la ciudadanía, en general. 

Este instructivo, aunque principalmente reitera normas ya existentes, ha sido bien recibido y, si bien para algunos puede ser tardío, para otros es un justo y oportuno recordatorio de las normas que regulan las transferencias a instituciones privadas.