El esperado regreso a la presencialidad de los funcionarios públicos

El jueves recién pasado, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, confirmó que el próximo 31 de agosto se pondrá fin, de manera definitiva, a la alerta sanitaria por los virus respiratorios y por el Covid-19. Esto no hizo más que refrendar lo dicho días antes por la titular de la cartera, Ximena Aguilera, respecto de que ya no existen condiciones epidemiológicas que sigan sosteniendo el mantener tal medida preventiva.

La alerta sanitaria, que inicialmente se estableció producto de la pandemia, este año fue renovada hasta el 31 de agosto, pero incorporando en esa misma resolución las alertas por gripe aviar y virus respiratorios de invierno.

El 7 de febrero de 2020, a casi un mes del primer deceso registrado en nuestro país por Covid-19, el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, decretó la alerta sanitaria en el marco de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional anunciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta alerta permitió durante estos años adoptar una serie de medidas extraordinarias respecto de la contratación de personal, la compra acelerada de insumos médicos y el uso de mascarilla en los establecimientos educacionales y recintos de salud, únicos lugares en que este requisito aún se mantiene.

En el marco de la citada emergencia, se permitió el teletrabajo, lo cual ya durante este año pareció innecesario. Sin embargo, en muchas reparticiones públicas los funcionarios públicos siguieron beneficiándose de dicha modalidad, lo cual ha repercutido en que la atención al público se haya visto demorada y/o desmejorada, pues no han sido pocos los casos en que cuando algún ciudadano ha necesitado realizar algún trámite, postulación a beneficios o gestión para obtener documentos y se ha encontrado con oficinas con escaso personal. 

Aunque no se desee reconocer, esta situación se ha prestado a abusos y a que los funcionarios que sí han retornado a sus labores en forma presencial resientan que muchos de sus colegas no lo han hecho, viviendo entonces situaciones que resultan poco equitativas.

Los funcionarios del aparato estatal han sido los únicos a los cuales su empleador no pudo modificar sustancialmente, las condiciones de remuneración y de pago de bonos y horas extras producto de las consecuencias de la pandemia. El resto de los trabajadores debió aceptar, en no pocos casos, la alteración de sus contratos e, incluso, ser despedidos. En todos aquellos casos en que esto último no ocurrió, muchas personas sufrieron el estrés derivado del temor de que, en cualquier momento, sus servicios pudieran ser rescindidos. 

Realmente, es hora de que todos quienes trabajan en la administración pública retomen sus labores en forma presencial y cumplan con los objetivos que tiene cada repartición en cuanto a entregar un servicio oportuno y diligente a cada magallánico que requiere de tales prestaciones.