Seguridad ciudadana y listado de pasajeros en vuelos comerciales
Hasta ayer había plazo para la presentación de indicaciones al proyecto que busca generar nuevas herramientas para un mejor control del desplazamiento de las personas a través del territorio nacional, a fin de poder combatir de una manera más expedita la delincuencia y a quienes tienen causas pendientes.
La comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones aprobó la semana pasada el proyecto que habilita a las policías y al Ministerio Público para solicitar los listados de pasajeros en el transporte aéreo nacional.
Esto dotará a las policías y las fiscalías de atribuciones para pedir tal información relativa a la identidad de los pasajeros, así como los lugares de embarque y destino de las personas que abordan los vuelos comerciales.
El diputado Carlos Bianchi es el autor de la moción, que fue aprobada por unanimidad en el referido grupo parlamentario. El legislador hizo un llamado a sus pares a aprobar el proyecto, por cuanto permitirá fortalecer la investigación de delitos.
Magallanes es una de las regiones a las cuales están llegando personas que están siendo buscadas en otras zonas y/o que han ingresado a Chile y, luego, toman un avión y llegan a nuestra región, pese a que ostentan prontuarios en sus países.
La iniciativa se encuentra incluida dentro de los proyectos que forman parte de la Agenda de Seguridad que se tramita en el Congreso. El asesor del Ministerio del Interior, Claudio Rodríguez, valoró la propuesta, si bien adelantó que el Ejecutivo ingresaría indicaciones a fin de perfeccionarla.
El poder conocer el listado de pasajeros es una medida que ya está funcionando para el caso del transporte terrestre y marítimo.
Es relevante que los legisladores entreguen su respaldo a este proyecto, porque se requiere que las instituciones antes señaladas puedan contar con herramientas más eficaces y efectivas para encauzar sus indagatorias. Toda vez que los imputados o condenados usan diversos medios para evadir la justicia y no contar con un registro de quienes se trasladan al interior del país atenta contra la prevención de delitos.