Denuncia de personas que no sufragaron y el colapso de los tribunales

En el año 2012, la Ley Nº20.568 reformó el sistema de sufragio universal, estableciendo la inscripción automática y el voto voluntario. Con ello, se logró incorporar a cerca de 4 millones 500 mil nuevos potenciales electores, a quienes se otorgó la libertad de elegir si querían o no emitir su sufragio en las distintas elecciones.

Sin embargo, frente a la crisis de participación ciudadana que comenzó a evidenciarse, los legisladores resolvieron volver a implementar la obligatoriedad del voto. Esto se aprobó en diciembre del año pasado, estableciéndose tal deber para todos los comicios y plebiscitos, excepto las primarias.

Cabe recordar que previo a este paso, se había establecido que el voto sería obligatorio para el plebiscito constitucional de septiembre del año pasado. Derivado de este proceso y de tal deber ciudadano, el Servicio Electoral envió a los juzgados de Policía Local más de dos millones de denuncias por aquellas personas que no votaron aquel 4 de septiembre. En Magallanes, los infractores de la normativa electoral se elevaron a 29 mil 276.

Las sanciones que arriesgan las personas denunciadas oscilan entre las 0,5 a las 3 UTM (unos 32 mil a 190 mil pesos).

No obstante, este procedimiento generó un colapso en la mayoría de los citados tribunales, los que vieron incrementarse violentamente el número de causas a tramitar. En algunos casos se habló de un aumento del 300% de los ingresos anuales; en otros la recarga se estimó en un 50% y hasta un 100%.

Esto ha sido ratificado en Magallanes por la vocera regional del capítulo sur de la Asociación Nacional de Jueces de Policía Local, quien señaló que ven difícil la tramitación de estas causas.

Frente a este escenario, resulta obvio que se tienen que tomar medidas para evitar el colapso de los referidos tribunales, a los cuales no se les asigna personal ni recursos adicionales para procesar toda la información que emite el Servel, toda vez que han sido los propios jueces los que han advertido que reciben listados no depurados y que deben gastar mucho tiempo y esfuerzo para poder notificar y procesar a las personas denunciadas.