Justicia mantuvo decisión del municipio de no renovar patente a discotheque en Río de los Ciervos

A casi tres años de que una comerciante presentara un “reclamo de ilegalidad”, en contra de la resolución municipal que le negó la renovación de la patente de alcoholes, la Corte de Apelaciones confirmó ayer lo obrado por el alcalde y Concejo Municipal.

La presentación la hizo Ismenia Levín Maripillán el 10 de noviembre de 2020, dueña de una discotheque, ubicada en Río de los Ciervos, a través de su abogado Cristián Escobar Escobar.

Fue el 12 de agosto de 2020 que la comerciante dedujo el reclamo de ilegalidad en contra del decreto alcaldicio N° 44, sancionado por el Concejo Municipal de Punta Arenas, que rechazó la renovación de la patente de alcoholes para el local comercial ubicado en Rio de los Ciervos N°5669. 

Entre los argumentos de la reclamante dijo que no se solicitó en forma la opinión de la junta de vecinos y se obvió lo informado por las policías.

Posteriormente, el 16 de octubre de 2020, el alcalde rechazó el reclamo de ilegalidad ya que fue el Concejo Municipal, en uso de sus facultades, quien adoptó la decisión fundado principalmente en el reclamo de la junta de vecinos Río de los Ciervos, “por constantes desórdenes que se producían en el sector a raíz de la operación de la discotheque de propiedad de la reclamante”.

En el acta se consignó la existencia de ruidos molestos, riñas, consumo de alcohol en la vía pública, entre otras incivilidades descritas por parte de quienes concurren y no ingresan al local, permaneciendo en zonas aledañas, circulando incluso por los patios traseros de sus propiedades, cercanas al local comercial.

La ministra María Isabel San Martín, Inés Recart Parra y la abogada integrante Sintia Orellana Yévenes, descartaron que la resolución impugnada sea arbitraria o  ilegal. 

Según la Corte de Apelaciones, la decisión que tomó la Municipalidad de Punta Arenas, en orden a no renovar las patentes de alcoholes, se dictó “conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente, cumpliendo los requisitos establecidos por el legislador, decidiendo fundadamente el alcalde con el respectivo acuerdo del Concejo Municipal, previa consulta a las juntas de vecinos respectivas”.

Comparten la opinión del fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Pablo Miño, de que la resolución recurrida, “se encuentra debidamente fundada en situaciones fácticas consistente en la existencia de reclamos de vecinos del sector, constando de prueba tenida a la vista al momento de resolverse el asunto por parte de la entidad edilicia, quien actuando dentro de la esfera de sus atribuciones, adoptó una decisión debidamente justificada, razón por la cual el presente recurso deberá rechazarse”.