Aborto y nueva Constitución

Andrea Bluck Muñoz
Abogada, Dirección de Género, Equidad y Diversidad
Universidad de Magallanes

Los derechos de las mujeres son una disputa constante en el mundo político y legislativo, ya lo dijo Simone de Beauvoir “bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados”, esta frase no puede ser más correcta si la relacionamos a la regulación de la interrupción del embarazo en nuestro país.

Y no estoy hablando, solamente, de las enmiendas aprobadas en el Consejo Constitucional, el aborto terapéutico fue regulado por primera vez en nuestro país ya en 1931, reduciéndose sus exigencias en 1967. Sin embargo, ante una crisis política, fue abolido en el año 1989, durante la dictadura militar cuando suprimieron este derecho desde el Código Sanitario. 

La lucha por el reconocimiento del derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos no se ha detenido nunca, y con la vuelta a la democracia en nuestro país se sumó a muchas otras, para recuperar los Derechos que habían sido vulnerados. En este contexto, la frágil estabilidad política, la reactivación de la economía nacional, la búsqueda de responsables de las atrocidades que vivimos como país, es que el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos quedaron de lado, empezando a ser someramente reconocidos el año 2010 con la regulación de la pastilla del día después y apenas el año 2017 con la despenalización del aborto en 3 causales; recién 21 y 28 años después del retorno a la democracia.

Bastó otra crisis política para que se discuta una nueva constitución y abrir la puerta a la posibilidad de la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley IVE). Se cambiaron solo 2 palabras: “del que” por “de quien”, así de frágil es la protección a estos derechos. 2 palabras pueden permitir la inconstitucionalidad de la Ley IVE, 2 palabras pueden generar que niñas y adolescentes violadas sean obligadas a ser madres; no basta con que hayan sido víctima de un delito, la moral de quienes defienden estos cambios acepta que después el Estado las siga vulnerando prohibiéndoles borrar las consecuencias físicas de aquello.

Son casi 30 años de discusión sobre nuestros cuerpos, de prohibir a niñas mantener su infancia y obligarlas a enfrentarse a una maternidad no deseada. Los números no mienten, en 6 años 822 personas han abortado producto de una violación, aproximadamente 1 cada 2.5 días; de estas personas el 52% tienen menos de 14 años.

¿Y las cifras de denuncias de abuso sexual infantil? Sólo en 2022 en Chile aumentaron un 42%, en nuestra región un 70%. A su vez, los objetores de consciencia son 43% de los equipos médicos en caso de violación, en Magallanes son un 56,3 por ciento.

Sólo para hacer más gráfica la importancia y la necesidad de la regulación del aborto: la primera persona en hacer uso de esta ley fue una niña de 12 años quien ingresó al hospital abrazada de su peluche, precisamente por una violación y que tuvo que viajar desde Chiloé a Santiago porque todo el facultativo médico se negó a realizar el procedimiento.

La clase política ha intentado sostener que este cambio en la redacción no significa la derogación de la Ley, pero si se lee el artículo junto con los discursos de quienes alegan esta posición, queda claro que la derogación es su objetivo final, pensarlo de otra forma no logra dar justificación a la intensa necesidad en el cambio de redacción. Tampoco podemos esperar mucho más de ese sector político, si no tienen problema en negar las vulneraciones ocurridas en nuestro país hace 50 años, mucho menos lo tendrán para retroceder 30 años en los derechos de la mitad de la población. Es difícil pensar que algún día van a entender que sobre nuestros cuerpos solo nosotras tenemos derecho a decidir.