“La institucionalidad no puede degradarse por errores que han cometido personas”

– En su paso por Punta Arenas, la autoridad de gobierno se refirió al avance del plan de descentralización y a las medidas adoptadas por el Ejecutivo tras el caso asignaciones y a las medidas de cara al Presupuesto 2024.

Alejandro Salazar Carrera
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Su tercera visita a la región cumplió la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales, aunque se trata de la primera en su calidad de jefa de dicha cartera. “En 2022 estuve en dos oportunidades (como subsecretaria de Servicios Sociales), instancia donde fuimos a Natales y firmamos un convenio con el alcalde de Punta Arenas para la Red de Apoyo y Cuidado. Eso fue en agosto, y en noviembre participé de un encuentro organizado por el gobernador sobre el sistema regional de cuidados”.

En esta oportunidad, la representante del gobierno central llegó para participar en el encuentro de alcaldes que se desarrolló durante la semana y donde pudo conocer de las inquietudes, demandas y problemas planteados por los jefes comunales, “muchos puntos que son compartidos y, aunque no me corresponde interpretarlos, tienen que ver con la necesidad de coordinación y articulación dentro de los distintos niveles de Gobierno para poder avanzar en afianzar una agenda que sea de trabajo colaborativo y que, al mismo tiempo, permita también descentralizar efectivamente no sólo la política pública sino el cómo se toman las decisiones de cierta manera y de cómo abordamos desde los distintos niveles de gobierno un entendimiento que sea de compartir responsabilidades. Eso fue algo que plantearon fuertemente los alcaldes durante este encuentro”.

– ¿Qué evaluación se puede hacer hasta el momento del proceso de descentralización que ha asumido el gobierno?

– “Lo importante tiene que ver primero con que los desafíos de Chile actual son distintos a los de hace algunos años. Estamos en un país que ya venía avanzando en una agenda de descentralización y al Gobierno que representamos le toca, justamente, abordar tareas como la instalación de los gobernadores como cargos electos, en algo distinto al de los antiguos intendentes. Por otra parte, también abordar la capacidad instalada en las regiones para hacerse cargo de las tareas y desafíos. Estamos transitando un camino de hacer la instalación conjuntamente, entendiendo que hay responsabilidades que son comunes, pero también otras que son propias de cada institución que tenemos y que instala el desafío de cómo nos relacionamos”.

La subsecretaria agrega que dentro de la descentralización evidentemente hay desafíos particulares en cada una de las regiones, “pero también problemáticas que son comunes y una es, precisamente, cómo abordamos este trabajo, escuchando, aprovechando las buenas experiencias, articulando y tratando de llevar adelante las mejores acciones”.

Respecto del trabajo que se desarrolla con los municipios, Francisca Perales subraya que esta institución es “la puerta de entrada de las personas al Estado, lo que hace que su responsabilidad sea enorme. Son los lugares donde llegan las personas cuando tienen un problema y donde no se pueden resolver todos ellos sin que asuman su rol el Gobierno central y los gobiernos regionales. Eso plantea el desafío de dotar a los municipios de mejores capacidades para responder ante ciertas situaciones. Y eso se ha venido trabajando fuertemente con la Subdere a nivel local, mejorando la inversión y apoyando con programas de asistencia técnica especializada”.

Las asignaciones directas

– En su presentación del Presupuesto 2024, en septiembre, el Presidente Gabriel Boric habló del término de las asignaciones directas en los gobiernos regionales y de algunas restricciones, ¿Cómo operará aquello?

– “Lo importante es que la distribución de los recursos sea transparente, abierta a la ciudadanía y que se pueda demostrar cómo se gasta cada peso. Hacia allá apunta la Ley de Presupuesto 2024, que se suma al trabajo que ya se venía realizando, aumentando el estándar en relación a la transparencia de la probidad del gasto público. Eso quiere decir más fiscalización y una disminución en la discrecionalidad. En concreto, en la Ley de Presupuesto 2024 el Consejo Regional va a tener una atribución en asignaciones sobre las 3 mil UTM para distribución de inversión pública y en los organismos privados va a primar siempre la lógica de la concursabilidad”.

Dichos estándares aparecen contenidos en la “Circular 20” vigente desde hace algunas semanas y que ya tuvo su impacto en el reciente proceso FNDR 8%. Hasta antes de su incorporación, los gobernadores regionales tenían la facultad de poder realizar asignaciones directas sin necesidad de la aprobación del Consejo Regional cuando los montos a entregar eran inferiores a 7 mil UTM (cerca de $445 millones). Ahora eso queda en 3 mil UTM (más de $190 millones).

En la misma línea, se establece que, en el caso de modificaciones presupuestarias que incluyen transferencias a instituciones privadas, también se requiera de la aprobación del Consejo Regional, independiente del monto que se busque asignar.

– Lo anterior, sin duda, tiene que ver con el tema de las fundaciones. ¿Cuál es su opinión de aquello?

– “La institucionalidad pública no tiene que degradarse por errores que han cometido personas, como los que hemos visto en el país durante todo este año con los convenios no regulares que se han establecido. Primero decir que toda persona que haya cometido una irregularidad, tanto administrativa como penal, tiene que atenerse a las sanciones y ahí es deber de la institucionalidad a través de sus propios mecanismos y del Ministerio Público investigar y sancionar. Eso en ningún término puede significar una degradación de la institucional, porque la institución pública tiene el objetivo de trabajar para todos los chilenos y chilenas y, por lo tanto, nuestro rol como Gobierno, además de velar porque se respeten los procedimientos administrativos y penales, facilitando que aquello ocurra, tiene que ver con fortalecer la institucionalidad y la capacidad de respuesta ante la ciudadanía”.

Herramientas de inversión

Expone que hoy la descentralización ha dejado de ser sólo un término o una declaración de buenas intenciones, mencionando que hay acciones concretas. “La inversión en esta región ha aumentado durante los últimos dos años. Hemos aumentado la cantidad de presupuesto invertido en la región y, por otra parte, estamos trabajando en inyectar más recursos para los municipios. Para eso, está la ley de Royalty Minero, que permitirá recaudar más dinero y que ese dinero sea repartido a los gobiernos regional y locales, e instalar mayor capacidad en términos profesionales para mejorar la inversión e inyectar más recursos en las comunas”.

Agrega que junto con lo anterior se trabaja en la transferencia de las competencias de los gobiernos regionales y en un proyecto de Rentas Regionales que permita disponer de un patrimonio fiscal que entregue capacidad propia a la región para desarrollar acciones. Todo lo anterior es fundamental dentro de la agenda de descentralización que tiene el gobierno”, enfatizó.

– ¿Cómo ha sido el avance de esa agenda, en un país visto desde las regiones muchas veces como conservador o derechamente centralista?

– “No es difícil cuando hay acciones concretas que son vistas por la ciudadanía. Eso entrega confianza y convencimiento respecto de que los gobiernos regionales y los municipios son organismos del Estado que tienen facultades y que éstas se deben ver fortalecidas en su gestión. La agenda no sólo habla desde una retórica, sino que tiene acciones concretas que permiten ganarse esa confianza. Eso se observa, porque aumentamos la inversión, entregamos recursos al municipio para que haya más plazas, más luminarias, más sedes sociales, más canchas, y estamos entregando bastante más recursos para el Plan de Emergencia Habitacional”.