Trabajadores del Servicio del Patrimonio Cultural completarán dos semanas en paro

Desde el 25 de octubre pasado los trabajadores del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural se encuentran movilizados, acusando como “una falta de respeto” la propuesta presupuestaria emitida por la Dirección de Presupuestos en virtud de la reasignación solicitada por los funcionarios. En este contexto, este lunes entregaron una carta al delegado presidencial regional, José Ruiz, donde plantean sus demandas y solicitan la intervención de la autoridad regional.

En el documento piden contar con los recursos necesarios en el presupuesto institucional 2024, con el objetivo de que se puedan implementar los acuerdos laborales suscritos y gestionados por las y los ministros y autoridades nombradas por su gobierno en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Aluden al Acuerdo Marco firmado en julio de 2022 y que no tuvo materialización ni financiamiento en el presupuesto 2023, luego de lo cual durante el presente año, las Asociaciones de Trabajadores del Servicio del Patrimonio presentaron, en un trabajo conjunto con la autoridad, una propuesta mínima de mejoras para el año 2023 por cinco meses (220 millones de pesos) y una mejora para 2024 (2.000 millones de pesos), focalizada hacia los funcionarios más postergados y en muy malas condiciones laborales y con brechas remunerativas.

“Hasta este momento nos encontramos en un grave conflicto laboral y político porque el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos y la Subdirección de Racionalización y Función Pública, no han autorizado que estas mejoras laborales establecidas en acuerdos formales con las autoridades del sector cultura y patrimonio, tengan el correspondiente financiamiento en el Presupuesto 2024, subtítulo 21, que se tramita en estos días en el Congreso Nacional. Su gobierno está desconociendo en los hechos, los acuerdos firmados formalmente con las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores del patrimonio cultural. El Ejecutivo por segunda vez nos cierra la puerta y nos obliga a resolver un problema laboral en el ámbito legislativo”, señalan en su misiva.

En la carta acusan que, si no se dispone de los recursos necesarios para concluir la consulta indígena previa, se pone en riesgo también la materialización de una nueva Ley del Patrimonio que consagre la soberanía patrimonial de las comunidades y al patrimonio como un derecho.