Zafó de expulsión y cumplía pena en libertad: el barbero que lanzó una granada a carabinera

El 7 de septiembre recién pasado Jefferson Arzonar Meza García recuperó su libertad. Había estado 98 días recluido en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, como medida cautelar en el marco de una causa por tráfico de drogas.

Su nombre alcanzó notoriedad pública tras ser identificado por Carabineros como el autor material del lanzamiento de una granada de guerra en contra de dos funcionarios de la institución policial. Su criminal acción le costó la vida al ser baleado por el compañero de la cabo segundo, Rayén Currihuil, quien permanece internada.

El ciudadano venezolano oriundo de Cartanal, un pueblo ubicado a unos 30 kilómetros de Caracas, se encontraba actualmente cumpliendo en libertad vigilada intensiva la pena que se le impuso tras ser hallado culpable del delito de tráfico en pequeñas cantidades.

Pese a que reunía varios de los requisitos para ser objeto de expulsión, el juez no pudo aplicar esa medida sustitutiva por tratarse de un delito contemplado en la Ley 20.000.

Tráfico en barrio Franklin

De acuerdo con antecedentes recopilados por la Unidad de Investigación de BioBioChile, el sujeto en cuestión había ingresado irregularmente al país en 2021. Lo hizo desde Perú, donde también pasó un tiempo viviendo junto a su familia. Incluso, a su hijo se le concedió la calidad de refugiado en ese país.

Según él mismo mostraba en sus redes sociales, desde hace varios años el individuo dedicaba parte de su tiempo a ser barbero. Así también lo confirma una persona que lo conoció. Sin embargo, en Chile fue declarado culpable del delito de tráfico.

En rigor, el 31 de mayo de 2023 Jefferson Meza García fue sorprendido por personal policial en la intersección de calle Placer con Arturo Prat -en pleno barrio Franklin- portando decenas de dosis de droga lista para su comercialización: tussi, cocaína y marihuana conformaban su portafolio.

El sujeto fue detenido por los funcionarios de la policía y puesto a disposición de la justicia. Durante la tramitación de la causa, tenida a la vista por este medio, el 6 de junio de 2023 el Registro Civil le asignó un Rut provisorio a petición del tribunal.

Zafó de expulsión

Luego de eso, el 7 de agosto -a petición del Ministerio Público- un abogado en representación del Servicio Nacional de Migraciones ingresó un escrito informando su estatus en el país.

En dicho documento referente a la situación migratoria se señala que no había ningún registro del ingreso del ciudadano venezolano por alguno de los pasos fronterizos habilitados. Por ende, se desprende que lo hizo de forma irregular.

Lo anterior, subrayó el Servicio Nacional de Migraciones, y sumado a que arriesgaba una pena inferior a los 5 años de cárcel, permitía que el juez decretara su expulsión inmediata del territorio nacional en base a lo señalado en el artículo 34 de la Ley 18.216.

“La condición migratoria del extranjero es de carácter irregular, quedando a criterio de Su Señoría la aplicación (de la expulsión)”, manifestó el organismo.

Pero eso no ocurrió. Finalmente, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Patricio Alvarez Maldini, resolvió condenarlo a 541 días de presidio menor en su grado medio, pena que no pudo ser sustituida por tratarse de un delito contemplado en la Ley 20.000.

Eso sí, por su irreprochable conducta anterior y por haber “colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos”, se le benefició con el cumplimiento de la sentencia en libertad vigilada intensiva. Para ello, debía presentarse a un Centro de Reinserción Social de Gendarmería.

Gobierno realizaría anuncios
en materia de seguridad hoy

Desde que se dio a conocer el ataque con una granada contra la cabo segundo de Carabineros, Rayén Currihuil, el Presidente Gabriel Boric tomó contacto con la ministra del Interior, Carolina Tohá, con la que se reunirá este viernes en cuanto el Mandatario regrese de la cumbre Apec.

La idea del Ejecutivo, es salir con anuncios concretos en materia de seguridad, en medio de la agudizada crisis delictiva que está abriendo un flanco al gobierno en el Congreso Nacional. Mientras el Partido Republicano demanda la renuncia de la titular de Interior, bancadas oficialistas como el PPD llaman a decretar estado de excepción nacional con foco en las zonas más conflictivas del país.

Otras colectividades, como el caso de Demócratas y la Udi, exhortan a convocar al Consejo Nacional de Seguridad (Cosena).

Emol