Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer

En conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, este miércoles el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso se iluminó de color naranja.

De este modo, el Senado reiteró su compromiso de promover diversas legislaciones que aborden este fenómeno de manera integral.

La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo.

La Declaración emitida por la Asamblea General de la Onu en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas.

En los últimos 10 años, en Magallanes se han lamentado 23 femicidios frustrados, 4 femicidios consumados y 4 femicidios tentados, desde que existe esta figura jurídica.

Un informe elaborado por la Fiscalía de Chile de este año, se desprende que cerca de un quinto de las víctimas de femicidio ya presentaba causas previas de violencia con la misma pareja que aparece como imputado. Y dentro de las 11 que registraban violencia previamente al femicidio, 2 poseían cautelares vigentes para su protección, dato clave para el análisis crítico de esta violencia extrema. Además, en un cuarto de los casos se puede observar que el imputado comete suicidio en el momento de la comisión del delito o de forma posterior a su ejecución.

Frente a este fenómeno, se puso en marcha a nivel país el Circuito Intersectorial de Femicidios, que hace el seguimiento de los casos de violencia extrema, y que a nivel regional está conformado de representantes de varias entidades públicas.

Indudablemente esta y otras acciones implementadas, entre ellas la línea gratuita 1455, constituyen una valiosa respuesta a las víctimas, que demandan una mayor capacidad del sector salud y judicial para entregar una atención oportuna y de calidad ante una situación de inminente riesgo.