Mesa de diálogo buscó recabar información de la sociedad civil para modernizar la ley 20.500

El pasado viernes a las 18 horas se realizó un encuentro en el Liceo Sara Braun que tuvo por objetivo generar diálogos con juntas de vecinos, clubes de adultos mayores y consejos de la sociedad civil de las distintas comunas de Magallanes. Esto se realizó en el marco de la visita de un equipo de la División de Organizaciones Sociales para generar un espacio participativo y levantar información sobre distintos aspectos de la Ley 20.500. Se trata de una iniciativa a nivel nacional para realizar diálogos sobre esta ley con el fin de reformarla.

Según comentó el director de la División de Organizaciones Sociales, Ignacio Achurra, como gobierno presentarán durante el 2024 un proyecto de ley para modernizar esta ley de participación. “El tema de fondo tiene que ver con cuán incidente o potencialmente resolutivos pueden ser los Consejos de la Sociedad Civil (Cosoc)”.

En ese sentido, Achurra planteó: “Creemos que es posible definir de manera más clara cuáles son las atribuciones que tienen los miembros de los Cosoc,  de manera que no suceda lo que muchas veces pasa que los dirigentes y representantes participan en espacios y que no necesariamente son recogidas. Y, por otra parte, las propias autoridades ven estos espacios como un espacio que nutre las miradas respecto de las decisiones que deben tomar, pero tampoco tienen demasiado claro en qué ámbito pueden delegar la responsabilidad de tomar esas decisiones”.

Dijo que apuntan a igualar las condiciones sobre la participación de los mismos representantes de la sociedad civil. “Respecto al funcionamiento de los Cosoc, no hay mecanismos de financiamiento que permitan que quienes participan en esos Cosoc puedan asistir de manera presencial y esto genera un problema porque hay dirigentes sociales que tienen que conectarse vía remota y que quedan en una desigualdad respecto a quienes pueden estar presentes y asisten en forma presencial”.

Protección a dirigencias sociales

En paralelo, hace un mes fue presentado a la Cámara de Diputados por la ministra Camila Vallejos un proyecto de ley que busca elevar las penas a quienes cometan delito de lesiones y amenazas contra dirigentes y dirigentes sociales. Se trata de otorgar mayores protecciones legales a representantes de distintas comunidades para incentivar la participación en estas funciones.

“No puede ser que dirigentes sociales estén dejando de ejercer su función de representación porque la delincuencia los pone bajo amenaza o los agrede”, señaló Achurra.

Según menciona Achurra, “el proyecto cuenta con bastante apoyo de todo el harto político. Hay una serie de proyectos de ley hoy ingresados que precisamente buscan dar protección especial a los dirigentes atendiendo al rol público y social que cumplen de manera fundamental. Creemos que el proyecto debería avanzar con cierta agilidad”.